Tras una reunión con los empresarios, que tuvo lugar en la sede del Cetrapam, Ruiz Díaz comunicó la postura del gremio. “Es la decisión política más acertada para no perjudicar la economía de 700.000 personas que utilizan diariamente este servicio”, refirió.
Explicó que con dicho acuerdo, la cifra exacta que el Estado estaría abonando en materia de subsidio es de G. 1.953.000 por unidad de transporte del servicio convencional y G.1.377.000 por unidad de transporte del servicio diferencial.
Para Ruiz Díaz, la franja de empresarios del transporte que están en desacuerdo con la implementación del subsidio es la misma que no percibe el beneficio por no estar formalizados.
“Llamativamente, es esa franja que nunca ha cobrado subsidio por no haberse formalizado. Es muy importante recordar que las empresas, para ser beneficiadas por un subsidio de parte del Estado, deben ser empresas en un 100% formalizadas”, indicó.
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Sin embargo, reconoció el argumento sostenido por otras nucleaciones de transportistas de que existe una mora en los desembolsos.
“Ninguna empresa de transporte público beneficiaria del régimen del subsidio se encuentra al día en cobro, hablamos de 60 días (de atrasos)”, declaró. No obstante, aseguró que desde el sector están acostumbrados a esa situación.
Por otra parte, mencionó que no temen que el Gobierno entrante controle las negociaciones realizadas con las actuales autoridades y afirmó que en su momento tendrán el derecho de auditar.
“En materia de transporte público las cosas se hicieron bien, están a la vista, hay una dignificación en el viajar cotidiano”, agregó.
Apuntó que de eliminarse el régimen de subsidio por la siguiente administración del Poder Ejecutivo, el sobrecosto repercutirá en los usuarios del transporte público.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, anunció este lunes la ampliación del subsidio a las empresas de transporte público: entre G. 100 y G. 200 por pasaje para buses convencionales y G. 100 para los diferenciales.
La medida fue tomada tras la decisión del Gobierno de liberar los precios del diésel y las naftas, lo que derivó en el aumento de todos los precios de combustibles.
