08 ago. 2025

Cátedra de la Justicia brasileña

La Justicia brasileña ya dio al Mercosur y al mundo una cátedra de independencia cuando metió presos a jerarcas del Partido de los Trabajadores por el escándalo de coimas denominado Mensalao, durante la gestión de Lula da Silva (2002-2010).

Hoy vuelve a ser noticia por otro nuevo megaescándalo de corrupción de las multimillonarias coimas en Petrobras, que golpea con más fuerza al Gobierno petista y que tiene como epicentro nada menos que al ex presidente de Brasil. Allanaron su casa y lo llevaron a declarar por la fuerza.

La tormenta política se desató y en estos momentos se vive una crisis política, en medio de la peor recesión económica que pone en jaque al Gobierno de Dilma Rousseff, la heredera de Lula.

LOS CASOS. La primera gran noticia de la corrupción del Gobierno socialista fueron las coimas en el Congreso (caso Mensalao) y tuvo como protagonistas a primerísimas figuras del socialista Partido de los Trabajadores. Explotó en la primera era de Lula, en el 2005. La Corte Suprema halló culpables a 25 personas, por desviar al menos 35 millones de dólares de fondos públicos para sobornar a legisladores a cambio de apoyar los proyectos de Lula.

El hombre fuerte de Lula, el cerebro y fundador del PT, y poderoso superministro del Gabinete Civil, José Dirceu, fue condenado a 11 años de cárcel. También José Genoino, entonces presidente del PT (6 años), y Delubio Soares, ex tesorero del partido, 8 años.

El caso puso en escena al magistrado Joaquim Barbosa, el único negro que ha formado parte de la Corte Suprema, paradójicamente recomendado por el propio Dirceu, quien convenció a Lula de que sería una buena imagen para su Gobierno progresista colocar a un juez negro en la máxima instancia judicial. Y ese juez, cuentan las crónicas, fue el que convenció a sus colegas de la culpabilidad de Dirceu. Este no es de aquellos que agachan la cabeza cuando recibe los “criterios políticos” de un senador.

Fue un duro golpe para el presidente, pero la democracia brasileña supo sortear la tormenta política. Todo el PT, incluido Lula, arremetieron contra la justicia, que supo blindarse e hizo caso omiso a la presión política y social.

El escándalo golpeó a Lula, pero no frenó su reelección y en el 2006 fue por otros 4 años. Su poderosa y eficaz política de combate a la pobreza sacando a 30 millones de brasileños lo elevó a la categoría de líder mundial.

No solo fue reelecto. Su peso político fue tal que impuso una sucesora. Dilma Roussef, quien ganó las elecciones en el 2010 y fue reelecta en el 2014.

Hoy el escándalo explotó en el rostro de Dilma, que no tiene el carisma de su padrino político, y además Brasil vive la peor crisis económica del siglo, según los analistas.

El otro caso es la operación Lava Jato. El escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una operación de lavado de dinero. Relatan los medios que la empresa licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un programa del presidente Lula y su entonces ministra de Energía, Rousseff. Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios.

En este contexto entra Lula, acusado por la Fiscalía de ser “uno de los principales beneficiarios” de ese sistema de desvíos (entre 2004 y 2012) calculado en unos 2.400 millones de euros).

Hoy el PT y todos los socialistas del mundo hablan de conspiración política. De ataque a la derecha y otras remanidas frases típicas para evadir la acusación.

CLASE DEMOCRÁTICA. Sin dudas, la Justicia brasileña puede dar cátedras de independencia, pero también hay que destacar que los tres poderes gozan de autonomía. El caso brasileño es emblemático, porque las investigaciones y sentencias se dan en plena vigencia de la administración del PT, no cuando han bajado a la llanura y pueden acusar persecución política del nuevo Gobierno.

Es más, los ministros de Corte fueron elegidos durante los sucesivos Gobiernos socialistas, por lo cual su accionar es más destacable aún. Cuando Dirceu fue condenado, el juez Joaquim Barbosa concluyó que la actuación de Dirceu “puso en riesgo las bases del propio sistema democrático”, debido al soborno de parlamentarios, y además “afectó pilares importantísimos de institucionalidad”. Nada más cierto: el robo del dinero público es algo más que simple enriquecimiento ilícito.

En Paraguay no tenemos la talla de estos magistrados que prefieren los atajos para perpetuarse en el poder y aún así no se animan a castigar a los políticos, por más escandalosa sea su corrupción, a pesar de que con sus actos ponen todos los días en riesgo nuestro frágil sistema democrático.

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