12 may. 2024

Canciller: “Le hace mal a la estabilidad jurídica”

El canciller Eladio Loizaga opinó acerca del intento de modificación de la Ley de Alianza Público-Privada en la Cámara Alta. Instó a los senadores a recapacitar y no producir cambios a la normativa porque tal situación puede traer inestabilidad jurídica, lo que a su vez se podría reflejar en la pérdida de la inversión extranjera en nuestro país.

Eladio Loizaga

Eladio Loizaga

“En primer término, esta propuesta es un poco incoherente. El propio Congreso aprobó la ley y hoy por motivos políticos y hasta ideológicos están buscando esta modificación”, indicó el titular de Relaciones Exteriores.

Loizaga pidió mirar lo que pasó en países de la región como Brasil, Uruguay y Chile, todos de tendencia socialista, donde a pesar de ello se aplica la Ley de Alianza Público-Privada logrando reforzar el progreso de dichos países.

“En Chile, el que le dio mayor impulso a esa ley fue el presidente Ricardo Lagos y miren cómo está ahora ese país, las inversiones que existen en Santiago en materia de infraestructura”, precisó.

Asimismo indicó que existe una confusión en una parte de la población en nuestro país de que la Ley de APP es sinónimo de privatización o entrega de bienes del Estado. “Acá no existe ninguna privatización. Lo que hay que entender es que el Estado no puede abocarse en todo lo que significa infraestructura. El estado debe centrar su atención en educación, salud y lucha contra la pobreza y vamos a salir de esa pobreza con inversiones en el marco de la APP”, remarcó.

Insistió en que este debate sobre la ley le hace mal al Paraguay porque está en juego su credibilidad y estabilidad jurídica. “El inversor quiere reglas claras y no se puede estar cambiando a mitad de carrera las cosas”, remarcó.

Más contenido de esta sección
Demasiados episodios grotescos en una semana como para no dedicarles unas líneas.
Tras las impactantes revelaciones que se obtuvieron con la operación Dakovo, que logró exponer tan explícitamente los alcances del crimen organizado en cuanto al tráfico de armas, sobrevino una situación por de más escandalosa: la implicación de altos militares en actividades criminales. Esta fue sin dudas una dolorosa comprobación del elevado nivel de infiltración del poder mafioso dentro de las instituciones del Estado paraguayo. Además de ser profundamente vergonzoso, esto implica un ataque a la democracia.
El Congreso Nacional rompió récord esta semana con el proyecto de la ley de superintendencia; los senadores tardaron 15 minutos para aprobar; los diputados 11 minutos. En una convulsionada jornada, los diputados también aprobaron ley que suaviza penas para corruptos y los senadores salvaron al cartista Hernán Rivas, acusado de tener un título falso de abogado. Y como les quedó tiempo, también mutilaron la ley de puerta giratoria. Este es el espantoso combo navideño que el Parlamento le ofrece al pueblo paraguayo.
Los impactantes resultados de la operación Dakovo lograron exponer en forma explícita los alcances del crimen organizado en cuanto al tráfico de armas. En nuestro país, logró la detención de más de una decena de personas involucradas en un esquema de tráfico internacional de armas y una nota gravísima, entre los detenidos están un militar de alto rango así como ex funcionarios de la Dimabel. Es muy preocupante la manera en que la mafia y el crimen organizado están socavando nuestra soberanía y nuestra democracia.
No fabricamos armas, pero las comercializamos en cantidad industrial. No producimos cocaína, pero el país es depósito, ruta y puerto de embarque de cantidades industriales que llegan a los principales mercados del mundo.
Eduardo Nakayama abandona el PLRA. Solo y apresuradamente, dicen. Quién sabe. Explica que no ve ninguna posibilidad de que su partido pueda desprenderse de la infiltración cartista. Desde adentro ya no hay nada que hacer, sostiene.