La creciente precariedad en el trabajo que enfrenta la juventud debe preocupar seriamente al Estado. Esto es, al Gobierno y a la sociedad. No podemos permitirnos en este momento del perfil demográfico del país, en el que contamos con una gran cantidad de jóvenes para trabajar, producir, generar riqueza económica, social y cultural, desatender sus necesidades y aspiraciones.
Si la situación laboral de los adultos es preocupante, la de la juventud debe alarmar. El desempleo juvenil se duplica y si se trata de mujeres campesinas se triplica. De los que trabajan, una parte lo hace pocas horas a la semana queriendo dedicarse a tiempo completo, ganando menos del salario mínimo y sin contar con seguridad social. En estas condiciones, el trabajo no se constituye en un mecanismo de movilidad social ni de garantía de calidad de vida.
Otros datos que deben hacer tomar conciencia es la cantidad de jóvenes que desde los 15 años solo trabajan. Es decir, ya interrumpieron sus estudios, con lo cual difícilmente podrán avanzar hacia una mejor calidad de su trabajo, porque no tienen las competencias y credenciales educativas para un mercado laboral cada vez más exigente y dinámico.
Otro gran grupo de jóvenes no estudian ni trabajan. Los llamados nini, que en su mayoría son mujeres y que, al contrario de lo que sugieren estas siglas, se encuentran trabajando al interior de sus hogares atendiendo niños, niñas, personas adultas mayores o con alguna discapacidad. La falta de servicios públicos y una sociedad machista les otorgaron esa responsabilidad privándolas de la oportunidad de estudiar y trabajar y, de esa manera, construir un proyecto de vida propio.
En estas condiciones, no resulta llamativo que de los aproximadamente 1.800.000 jóvenes de 15 a 29 años que viven en Paraguay, solo 700.000 continúan estudiando y 400.000 trabajan en condiciones laborales de mínima calidad, ganando sueldo mínimo y con seguridad social.
Todos estos jóvenes que están fuera de un trabajo decente son los que pasarán a engrosar las listas de pobreza en pocos años más. En dos décadas más nos daremos cuenta de que avanzamos en la etapa del bono demográfico sin que Paraguay haya ampliado las capacidades y oportunidades de los jóvenes y sin haber fortalecido el sistema de seguridad social para garantizar no solo el futuro de la juventud, sino también el presente de quienes gozan del beneficio de una jubilación. Perdimos todos, jóvenes, adultos y sobre todo una trayectoria sostenida hacia el desarrollo del país.
Paraguay debe contar con una política laboral que garantice trabajo pleno, seguridad social, acceso a créditos y educación continua, con objetivos claros de reducción de las brechas de género, lo que implica medidas para redistribuir las responsabilidades familiares entre todos los miembros del hogar y el Estado. Sin una activa participación estatal condenamos a la juventud y al país al estancamiento social y económico.
