EFE
La líder cristianodemócrata realizó este anuncio junto a su vicecanciller, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, a tres semanas de las elecciones generales y tras reunirse con una treintena de alcaldes y jefes de Gobierno de estados federados para abordar las consecuencias del escándalo del fraude en las emisiones de los motores diésel.
Berlín va a añadir otros 500 millones de euros a este fondo, que hasta el momento contaba en total con esa cantidad de dinero, que había sido aportada a partes iguales por el Gobierno federal y la industria de la automoción alemana.
Merkel agregó que el Ejecutivo hablará con la industria automovilística para ver “en qué medida pueden ellos también contribuir” y, sin citar cifras concretas, habló de una “contribución sustancial” del sector.
La canciller indicó que podrán solicitar fondos de este instrumento, además de las 28 ciudades alemanas a las que Bruselas abrió un procedimiento por su elevada contaminación, todos los municipios cuyos niveles de emisiones estén por encima de los límites establecidos.
Los estados federados y municipios podrán emplear este dinero, por ejemplo, para implementar conceptos ecológicos de movilidad, reforzar el transporte público, fomentar los coches eléctricos y extender la red de repostaje para coches eléctricos.
El objetivo del fondo, explicó Gabriel, es “concretar lo que debe pasar en los próximos años para que no llegue a decretarse un veto para los motores diésel” en Alemania.
Conservadores y socialdemócratas en la gran coalición alemana están en contra de esta medida -frente lo anunciado por Francia y el Reino Unido-, pero no lo descartan para poder cumplir con las reducciones de emisiones contaminantes a las que se comprometió Berlín.
Merkel anunció asimismo que a finales de octubre o principios de noviembre tendrá lugar una nueva reunión en este formato, que se desarrollará de forma paralela a los encuentros que el Gobierno mantiene con la industria automovilística.
El Ejecutivo está forzando a la industria a actualizar de forma gratuita el “software” de los coches diésel, para que contaminen menos, y promoviendo que las marcas fijen primas a quienes cambien de vehículo.
La canciller criticó en las últimas semanas a la importante industria del motor -principal exportador del país- por el “fraude” de los motores diésel y por haber dañado la “confianza” puesta en ellos, pero recordó que se ha de proteger a este sector industrial, del que dependen 800.000 puestos de trabajo directos en Alemania.
La oposición y muchos activistas han criticado que el Ejecutivo alemán no haya presionado más a la industria automovilística y le haya forzado a cambiar componentes de los motores de forma gratuita, una modificación que reduciría más las emisiones contaminantes, pero sería mucho más costosa para los fabricantes
