Un ciudadano belga y su empresa demandaron ayer al fiscal Aldo Cantero, al ex fiscal Emilio Fúster, al subcomisario Diosnel Alarcón y subsidiariamente al Estado paraguayo por la suma de USD 6.280.000, por un caso de error judicial.
La demanda fue promovida por Marc André Didier y la empresa Best Aircraft Deals LLC de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del 17º Turno, a cargo de la jueza Karen Leticia González.
La demanda habla de daños y perjuicios, daño moral, sicológico, pérdida de chance, lucro cesante por responsabilidad extracontractual y por error judicial.
Los demandados estuvieron en la acción judicial en su contra por contrabando ante el Juzgado de Garantías a cargo del juez Humberto Otazú y otra ante la jueza Lici Sánchez.
El ciudadano belga fue sobreseído el 25 de mayo del año pasado, a pedido de la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni.
EL CASO. Según señala el abogado Alfredo Wagener, quien representa al accionante, Marc André Didier es administrador de la firma Best Aircraft Deals LLC, que se dedica a la compra y venta de aviones.
Explica que hizo negocios con el dominicano Manuel Portes, que quería llevar minerales a otros países. Se encontró con él, con Juan Carlos Mendoza y una mujer, tras viajar a Asunción el 4 de agosto del 2016.
Dice que la aeronave tuvo desperfectos mecánicos, por lo que retrasaron su vuelta. Alega que el 12 de agosto fue detenido sorpresivamente por el subcomisario Alarcón.
Además, dice que el entonces fiscal Fúster dispuso retener el avión para ser revisado. Sostiene que con ello se violaron tratados internacionales vigentes.
En el proceso también intervino su colega Aldo Cantero, quien el 16 de diciembre del año pasado le imputó también por estafa, ante la jueza Lici Sánchez.
El accionante dice que estuvo 12 días preso, tras ser imputado por un supuesto contrabando de 480 kilos de oro. Además, pasó 71 días en el Departamento Judicial y 16 días con arresto domiciliario.
Afirmó que tuvo un largo proceso, del que finalmente el 25 de mayo del 2017 fue sobreseído, tras constatarse que nada tenía que ver. Entre otras cosas, dice que la supuesta carga de oro nunca fue llevada al avión.
Reclama en su demanda el daño moral y sicológico, la pérdida económica, debido a que el avión estuvo retenido en el país. Cita cada rubro abonado y los gastos que demandaron. Solicita la suma de USD 6.280.000.
Pide a la jueza González reconocer la personería, correr traslado de la demanda, remitir varios oficios, pruebas varias, y oportunamente dictar sentencia.
