No obstante, explicó que el efecto político que generaron, como la renuncia de los senadores Oviedo Matto y González Daher del JEM, y la salida de ambos de la Cámara Alta, demuestra en cierto modo un reconocimiento y principio en el proceso, según consideró.
Asimismo, remarcó que las pruebas testificales y la declaración de la fiscala Casse Giménez en el caso de Oviedo Matto podrían tener un efecto judicial. Aclaró que la Fiscalía puede iniciar la investigación con base en las sospechas existentes.
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Audios dan pie a investigación, pero temen impunidad
Por su parte, el abogado Osvaldo Granada Salaverry coincidió en que los audios como prueba no son válidos ya que no fueron autorizadas judicialmente, pero que sirven para dar lugar a una investigación y corroborar si son hechos punibles por otros medios.
“Se pueden investigar las cuentas corrientes para saber si hubo enriquecimiento ilícito, sin embargo, los fiscales que designaron abrieron una investigación a una sola persona. Si el Ministerio Público pretendiera investigar no hubiese designado al fiscal Francisco Torres, conocido por hipnotizar investigaciones. Este proceso no va a pasar a mayores y la corrupción va a gozar de buena salud”, refirió.
Contó que además de imputar a los actores presuntamente implicados en el esquema de corrupción en el JEM por tráfico de influencias, se los podría investigar por asociación criminal, cohecho pasivo agravado, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la investigación criminal.
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Una serie de conversaciones telefónicas salió a luz y confirmó el tráfico de influencias y manipulación de la Justicia desde el JEM, institución encargada de sancionar y destituir a jueces y fiscales. La filtración causó que dos senadores salgan de la Cámara Alta y que la Fiscalía investigue el caso.
