Por Rino Giret
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La enmarañada trama que rodea al caso del excedente de 2.491 hectáreas, ubicadas en el Departamento de San Pedro, que la Justicia concedió a la Agroganadera Aguaray SA en un juicio relámpago de usucapión, tiene un costado no menos polémico con la astronómica regulación de honorarios que el juez fijó a favor del abogado y del agrimensor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) involucrados en el juicio de mensura.
A poco más de 27 millones de dólares ascienden los honorarios que el entonces juez Neri Joel Kunzle, que llevó adelante el juicio de mensura sobre la propiedad de la agroganadera, fijó a favor del abogado del Indert, Carlos Peralta, que llevó el caso a los estrados judiciales en representación del ente agrario.
El mismo juez reguló honorarios por 3.685.580 dólares para el agrimensor del Indert, licenciado Filemón Melgarejo, que realizó la mensura sobre la propiedad de 30.558 hectáreas que la agroganadera posee en esa región, según se lee en una resolución que el magistrado emitió el 28 de diciembre de 2012.
Kunzle reguló los honorarios en base a una avaluación realizada por el perito tasador Fernando Andrada Nogués sobre la superficie total mensurada, 30.558 hectáreas, que alcanzó la friolera de 184.290.000 dólares.
¿quién paga? Por tratarse de cifras multimillonarias, la regulación de honorarios se tornó polémica y obliga a preguntar quién debe pagar semejantes montos.
“Yo le quiero cobrar a la empresa agroganadera como lo establece la ley”, expresa el abogado del Indert y aclara que no pretende cobrarle al Estado. “El Estado es mi patrón”, añade.
Sin embargo, el abogado de Agroganadera Aguaray SA, Manuel Riera, dice que el monto “es un absurdo” y lanza un vaticinio penoso para su colega del Indert: “no le va a cobrar a nadie”.
El juicio de mensura se inició en julio de 2009, a raíz de que la Comisión de Sintierras Aguaray había denunciado que dentro de las 30.558 hectáreas de la agroganadera había un excedente fiscal. El juicio se promovió ante el juzgado de Kunzle, por entonces a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 8° Turno de la capital. Kunzle se jubiló el pasado 1 de julio.
El 19 de diciembre de 2010 Kunzle emitió la sentencia N° 1.000 por la que aprobó la mensura y estableció que dentro de las 30.558 hectáreas de la agroganadera había un excedente de 2.491 hectáreas, es decir, tierras sin título.
Curiosamente, el juez no declaró el excedente como fiscal, lo que impidió al Indert inscribir las tierras a su nombre en los Registros Públicos, tal como manda el Estatuto Agrario.
Las 2.491 hectáreas quedaron en el limbo jurídico, hasta que los abogados de Agroganadera Aguaray SA, Fausto Portillo y César Núñez Alarcón, promovieron el 19 de diciembre de 2011 una demanda de usucapión para apropiarse del excedente, alegando que la firma estaba en posesión de las 2.491 hectáreas hacía más de 30 años y que no eran tierras fiscales, porque el Estado ya había transferido esas fincas a dominios privados en el pasado.
En apenas siete meses, el 31 de agosto del 2012, el entonces juez Silvino Delvalle hizo lugar a la demanda de usucapión y ordenó inscribir el excedente a favor de la agroganadera. En menos de 20 días el trámite de inscripción y registro estaba finiquitado en Registros Públicos y en el Servicio Nacional de Catastro. Una celeridad que no se vio con la demanda del Estado.
Hoy el caso sigue dirimiéndose en los tribunales, donde el Indert solicitó la nulidad de la sentencia de usucapión y la agroganadera retrucó con otra acción que alega que el Indert carece de legitimación para intervenir en el juicio.
dilema pendiente Quién costea los honorarios es el dilema pendiente. Riera dice que el abogado del Indert tiene derecho a percibir honorarios, al igual que todos los abogados que litigan, pero considera que el juez Kunzle “hizo un disparate al regular sobre las 30.000 hectáreas tasadas, cuando lo que estaba en discusión eran solo 2.491 hectáreas”.
El abogado de la agroganadera señala que en la sentencia de Kunzle, que declara la existencia del excedente, no establece quién debe pagar las costas. Al indicársele que existe una resolución del mismo juez que estableció la regulación de honorarios a favor del abogado y del agrimensor del Indert, Riera respondió: “Pero esa es la regulación nomás, ahí tasa el servicio, pero no dice quién paga, en la sentencia de mensura tiene que decir quién paga. Y Agroganadera Aguaray no va a pagar porque no tiene obligación de pagar”.
Un capítulo de este polémico caso, cuyo final tiene pronóstico reservado.
