La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones “no implica ninguna alteración del esquema actual de beneficios, tampoco cambios en los años de aporte o el tiempo requerido para jubilarse. Igualmente, seguirán vigentes beneficios tales como la posibilidad de que los afiliados obtengan préstamos de sus respectivas Cajas”, indica la cartera de Economía.
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Según expresa un comunicado del Ministerio Hacienda, este organismo no tiene potestad de decidir sobre la utilización de los fondos jubilatorios. La institución estatal aseguró que la autonomía de las cajas será preservada.
“La Superintendencia de Pensiones apunta a convertirse en un mecanismo eficaz de control de fondos, que actualmente no cuentan con ningún tipo de supervisión”, agrega el escrito.
El proyecto de ley para la creación de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Este documento recibe cuestionamientos de los sindicatos de la clase obrera.
Los sindicatos critican principalmente la falta de paridad en la conformación del consejo asesor de la Superintendencia. Además, temen que los fondos jubilatorios sean mal utilizados. Exigen modificaciones.
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En caso de que el Congreso sancione este documento, tras la promulgación del Ejecutivo, deberán pasar 36 meses para su adecuación y ejecución.
