En el informe la ANDE advierte al Juzgado que, tras una revisión aleatoria de su sistema informático, se verificaron distintos tipos de situaciones con los amparistas, como personas que no figuran como usuarios de la empresa pública, clientes beneficiados por la tarifa social que no son afectados por el rebalanceo tarifario y hasta usuarios de la empresa Clyfsa (más de 2.200 personas) que ya fueron indirectamente beneficiados con el amparo concedido a esa compañía en Villarrica.
Por tal motivo, a criterio de los abogados de la estatal, estos hechos hacen que la legitimación de los amparistas para promover el juicio de amparo contra el rebalanceo tarifario se vuelva sumamente dudosa.
En lo que hace al fondo de la cuestión, los amparistas alegaron que el rebalanceo tarifario perjudicará la calidad de vida de la población, a lo que la ANDE respondió que “precisamente para precautelar la calidad de vida de toda la población paraguaya, se volvió inevitable el rebalanceo de las tarifas, dado que sin recursos no se puede realizar inversiones necesarias en infraestructura para acompañar el aumento de la demanda de energía eléctrica”.
La no realización de inversiones oportunas supondría, sin duda, una grave afectación a la calidad de un servicio de carácter esencial que afecta transversalmente a toda la vida de la población, indicó la institución. Además, la empresa se hizo eco de las manifestaciones de Miguel Mora, economista jefe del BCP, que afirmó que el impacto inflacionario no sería importante.
LEGAL. Acerca del reclamo de que la ANDE tiene pérdidas y no mejora su gestión (lo que podría hacer que obtenga más recursos), el ente público remarcó que las pérdidas técnicas bajaron de 32% (2012) a 26,5%. Asimismo, informó que la deuda (morosidad) de las instituciones del Estado con la ANDE bajaron a G. 230.000 millones y anteriormente el monto era de G. 414.000 millones. En lo que hace a la legalidad del rebalanceo tarifario, la ANDE aseguró que ha desarrollado exhaustivamente toda la normativa referida a la determinación y autorización de las tarifas.
