AI citó como ejemplo el caso de la niña de 10 años que quedó embarazada como consecuencia de un abuso sexual en abril de este año y cuya noticia conmocionó a la ciudadanía y recorrió el mundo.
“La trágica historia de esta niña ilustra lo que está mal en cuanto a los derechos humanos de mujeres y niñas pobres y marginalizadas en Paraguay. Es espantoso que su historia continúe repitiéndose”, expresó en el escrito.
Según Amnistía, Paraguay debe hacer más para proteger a las víctimas de violencia sexual, en ese sentido, indican que se debe de garantizar la disponibilidad de anticonceptivos modernos y el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos.
De acuerdo con las cifras de 2014, 684 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz ese año. Esta cifra solo representa la punta del iceberg, dado que no existe registro de las menores embarazadas por abusos sexuales que recurrieron al aborto clandestino o de las que murieron por complicaciones derivadas de estos embarazos forzados o del parto y posparto.
La organización por los derechos humanos lamentó además que Paraguay continúe siendo el único país de esta región del mundo que no cuenta con una ley contra toda forma de discriminación. “Esta deuda histórica, se da a pesar de la obligación contenida en el artículo 46 de la Constitución Nacional”.
Por otra parte, AI criticó el hecho de que el Estado paraguayo sigue sin dar cumplimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Sobre este punto se citan los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xamók Kasek, por los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció a nuestro país.
La comunidad indígena Yakye Axa aún necesita trasladarse a sus tierras. Pese a contar con el aseguramiento de las mismas ya en 2012, la falta de debida diligencia por parte del Estado en la construcción de un camino de todo tiempo frustraron hasta el momento este propósito.
En el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa aún está pendiente el traspaso del título de sus tierras a dicha comunidad.
“Paraguay es el único país que ha sido sentenciado en tres ocasiones por la Corte IDH por la violación colectiva a los derechos de pueblos indígenas. A pesar de algunos avances, se siguió negando a los pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales”, reza el mensaje.
Por último, AI indica que en nuestro país aún sigue pendiente el cumplimiento de los derechos a no sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
“Es urgente que el Estado paraguayo implemente las recomendaciones del Comité contra la Tortura y del Comité de Derechos Humanos, poniendo énfasis en la necesidad de que se adopten medidas apropiadas para velar por que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen de forma pronta e imparcial por un órgano independiente”, manifestó.
