Fernando Schuster Salinas, concejal departamental de Alto Paraná y dirigente vinculado políticamente al clan Zacarías, fue incorporado en noviembre 2025 como asesor especial de la Dirección General de la Itaipú Binacional.
Fue contratado en la categoría de profesional universitario 60 A, percibe un salario de G. 38.224.000 y presta servicios para la Dirección Jurídica, a cargo de Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio Beto Ovelar. El nuevo asesor de Itaipú es licenciado en Administración de Empresas.
El político cuenta con doble salario, ya que también es concejal del Alto Paraná, donde percibe G. 11.193.236 en concepto de dieta y G. 950.400 por gastos de representación. En noviembre se sumó a esto G. 1.291.525 por viático, totalizando G. 13.435.161. De esta forma, suman G. 51 millones los ingresos del edil en la Junta Departamental y en la binacional.
De acuerdo con datos de la entidad binacional, Schuster figura en los registros institucionales con la matrícula 200431-9.
El edil confirmó a ÚH que asumió el cargo de asesor especial en la binacional y que continúa percibiendo su dieta como concejal departamental. Sostuvo que no incurre en doble remuneración del Estado, argumentando que sus ingresos no provienen del Ministerio de Economía.
Schuster Salinas asumió la Gobernación del Alto Paraná en 2017, luego de la renuncia de Justo Zacarías Irún, quien dejó el cargo para postularse como diputado nacional. Su designación fue definida en una sesión extraordinaria de la Junta Departamental. En aquel entonces, el propio Schuster reconoció el respaldo político recibido del sector liderado por los Zacarías, a quienes agradeció públicamente.
Para la campaña política del 2023, Fernando Schuster (ANR) declaró un patrimonio neto de G. 742.796.506 y reportó gastos de apenas G. 5 millones durante su campaña, sin detallar en qué fueron utilizados esos fondos. El dato fue revelado por Tedic y Semillas por la Democracia tras una investigación basada en información financiera presentada ante oficinas del TSJE, encargadas de fiscalizar los ingresos y egresos de los candidatos electos.
En el año 2017, la CGR sostuvo que ejercer simultáneamente funciones en Itaipú y en la Junta Municipal constituía doble remuneración estatal, de acuerdo con la Ley 700/96 y la Constitución Nacional. Sin embargo, posteriormente la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo citado de la Ley 700/96, al considerar que los funcionarios de Itaipú no son funcionarios públicos del Estado paraguayo.
Tanto la Junta Departamental como la Junta Municipal cuentan con autonomía política, administrativa y financiera, funcionando como entes de gobierno local y departamental.
