La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados dictaminó ayer a favor de los tres proyectos de pérdidas de investiduras que se presentaron contra Ulises Quintana (ANR), Tomás Éver Rivas (ANR) y Carlos Portillo (PLRA).
El titular del órgano legislativo, Pedro Alliana, ya mencionó que cuanto antes se deben estudiar los pedidos y que la próxima semana ya se los podría dar tratamiento en el pleno.
Además de definir la fecha del tratamiento de los pedidos, las bancadas deben decidir si se utilizará el reglamento de la Cámara Baja o el artículo 185 de la Constitución Nacional.
“Ya no hay ningún problema para que se trate porque la Comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó a favor”, indicó el diputado Derlis Maidana, quien preside dicha comisión, y agregó que todo dependerá de la mesa directiva, que se reúne el lunes a la mañana.
Alliana adelantó que habrá un extenso debate en cuanto a si se acatará el reglamento interno o la Constitución Nacional sobre el número de legisladores que se debe reunir para decidir la expulsión de los legisladores imputados por la Justicia.
“Unos sostienen que se debe contar con mayoría de dos tercios de los presentes y otros, mayoría simple”, explicó Maidana, quien mencionó que Honor Colorado aún no tomó una decisión en cuanto a eso.
En tanto, Alliana dijo que existe una contradicción en la Carta Magna, porque para la expulsión de un parlamentario establece una mayoría simple, pero para una simple suspensión estipula que se necesitan dos tercios de votos.
“En un sentido, los tres están igualados porque están imputados por la Justicia”, opinó Maidana sobre la posibilidad de la expulsión de los sindicados, y manifestó que su movimiento aún no tomó una decisión.
IMPUTADOS. Ulises Quintana, de Colorado Añetete, está imputado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas, asociación criminal y tráfico de influencias, tras el operativo Berilo. Estuvo preso en Viñas Cué durante diez meses y él se consideró como un “preso político”.
Luego de haber sido liberado momentáneamente por el Juzgado, la Fiscalía apeló la medida e incluso amplió su imputación sobre lavado de dinero. Según la investigación fiscal, Quintana financió su campaña con dinero proveniente del narcotráfico, gracias a su amistad con el supuesto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña.
Quintana logró ubicarse como número 1 en la lista de candidatos a diputados de Alto Paraná, y, por ende, logró un escaño en la Cámara Baja en las elecciones del 2018.
El caso del colorado cartista Tomás Rivas ya lleva varios años analizándose. El legislador de Paraguarí tiene un caso calcado al del ex diputado José María Ibáñez, quien renunció debido a la presión ciudadana.
Rivas habría pagado con sueldos de la Cámara Baja a los caseros que trabajan en su casa y en su local comercial.
Está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falsos.
La jueza Letizia Paredes fijó para el próximo 23 de noviembre la presentación del requerimiento conclusivo en la causa, lo que se entiende como una acusación o pedido de sobreseimiento definitivo, que se deberá discutir en una audiencia preliminar.
En tanto, el diputado Carlos Portillo, del PLRA, fue acusado por el hecho punible de tráfico de influencia, tras la difusión de un audio en el que aparentemente se lo escucha hablar de un pago de USD 3.000 para lograr una resolución judicial en un proceso judicial tramitado en los tribunales de Alto Paraná. La abogada Lucía Escobar Santacruz presentó al legislador a Auda Fleitas, quien tenía un proceso judicial en su contra.