Los agricultores que cuentan con invernadero pueden retener los tomates por más tiempo a la espera de mejores pagos, mientras que las fincas más precarias que funcionan a cielo abierto con malla de mediasombra entregan la producción “a cualquier precio, para recuperar al menos el costo primario”, lamentó el presidente del Consejo Nacional de Productores Futihortícolas, Abel Brítez.
Se refirió a los gastos que enfrentan los pequeños productores en las agroveterinarias, donde asumen deudas por la compra de costosos insumos, especialmente por las semillas, en tanto que los demás costos ya no se llegan a cubrir con los G. 2.500 por kilo que están pagando los intermediarios. En su mejor momento, los tomateros recibían en promedio G. 5.000 por kilo, aunque algunos llegaron a comercializar incluso a G. 6.000.
Para Brítez, este comportamiento no tiene sentido en un mercado que está abastecido por la producción nacional en un 70% y en una temporada en que las importaciones están prohibidas. En ese sentido, los agricultores ven en el contrabando la única explicación.
Tan solo el miércoles pasado se reunieron en el Congreso Nacional empresarios, productores y autoridades encargadas del control de ingreso de mercaderías desde el exterior, pero los afectados ven que su situación en realidad empeoró.
Preocupación. En pleno debate sobre el impacto del contrabando, el Sindicato de Funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Sifusenave) denunció el nombramiento de personal en cargos de confianza en el marco de la campaña electoral del presidente de la institución, Rodrigo González, quien aspira a la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Abel Brítez repudió este hecho, atendiendo a que el ente es el encargado de controlar la documentación de todos los productos de origen vegetal que ingresan al país y sin embargo sus esfuerzos se concentran en las elecciones.
En la semana también se realizaron reuniones entre autoridades del Ministerio del Interior, Policía Nacional, la Armada Paraguaya y la Dirección Nacional de Aduanas para coordinar y fortalecer las acciones en el combate al contrabando.