Algo que, se resalta en la misma nota, se explica en el elevado costo de vida que implica mantener una legación en determinados países.
La publicación de ÚH enfatiza la contradicción que se da en el propio Poder Ejecutivo, que, al iniciarse la pandemia, anunció una serie de recortes a los funcionarios del sector público, los que, de hecho, se dieron en la mayoría de los ministerios y entidades descentralizadas, pero no en el servicio exterior, según comprobaron los colegas del diario que analizaron este tema.
Algunos diplomáticos reaccionaron y nos señalaron que no vale la comparación del salario de un embajador u otro diplomático en servicio exterior con el del presidente, por el costo que implica residir fuera del país y, como ejemplo, uno de ellos nos indicó que en algunos países un primer secretario de una embajada de España gana más que el Rey.
Aceptemos que es así. El tema es que tampoco vale la comparación, puesto que nuestro país no tiene el desarrollo económico de España, ni el PIB, ni el presupuesto del país europeo. Y con esa comparación tampoco se responde a por qué el funcionariado afectado al servicio exterior tiene un tratamiento distinto con respecto al resto de los servidores públicos a los que, por razones de la pandemia de coronavirus, les fueron suspendidas parte de las asignaciones que integran sus haberes, en un intento de austeridad ante la incierta situación económica que afecta a la mayoría de la población.
Por otra parte, es cierto que los diplomáticos deben pagar alquileres y servicios que en ciertas partes del mundo, como en Austria, Suiza o en los Estados Unidos, son costosos, lo que necesariamente debería implicar presupuestos diferenciados para cada representación y parámetros claros para que ciertos diplomáticos no confundan residencia digna con mansión principesca.
Al respecto también debería plantearse un debate respecto a por qué se uniforma a los funcionarios de igual rango con igual salario, sin importar en qué país se encuentra en misión.
Es decir, por qué un primer secretario cobra igual salario por servir en Cuba, Bolivia o República Dominicana que el que sirve en destinos costosos como países de Europa, Asia África o Australia.
En el Gobierno anterior, en diversas ocasiones el canciller Eladio Loizaga había anunciado que bajo su administración harían “una reingeniería” del servicio exterior para optimizar recursos económicos y humanos según el rendimiento de cada representación diplomática. Esto implicaría cerrar algunas embajadas y consulados que no tienen justificación que continúen abiertas.
La tarea no se concretó. Luego vino el senador Luis Alberto Castiglioni, quien en su corta trayectoria como ministro de Exteriores también anunció que revisarían la situación de cada embajada y consulado para replantear la continuidad o no de algunas de ellas. Todo siguió igual.
En promedio, el costo operativo de una oficina diplomática en el extranjero cuesta 55 mil dólares al mes. Esto incluye salarios, alquiler, mantenimiento, pago de servicios, etc. etc. Algunos cuestan más.
¿Se justifican todas las legaciones embajadas y oficinas consulares que tiene el país hoy?
En realidad no, y lo han dicho los cancilleres anteriores y el actual, quien considera que debe revisarse caso por caso. Es más, había expresado incluso que barajan la posibilidad de cerrar algunas representaciones y reorientar los recursos. Todo esto sigue pendiente.
El tema es que la austeridad en el servicio exterior no pasa solo por los niveles salariales, sino por una concepción del servicio público.
