La emergencia, que permite el despliegue de militares en las calles, fue decretada por 60 días para las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Los Ríos, y las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, además de la población de Camilo Ponce Enríquez, según el documento difundido por la presidencia.
El decreto considera que en esas zonas “se han agudizado hechos de violencia sistemática, perpetrada por grupos de violencia organizada, organizaciones terroristas e individuos beligerantes no estatales”.
En el marco del estado de excepción, el presidente del país, Daniel Noboa, en el cargo desde noviembre pasado, suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
“Hoy nos encontramos en la segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias”, aseguró Noboa en un mensaje en video publicado en redes sociales para anunciar el nuevo estado de excepción.
El jefe de Estado enfatizó en que “son las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía tengan libertad de acción”.
“Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de la Justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio, sepan que lo van a perder”, añadió.
En enero, la fuga de un líder criminal de una cárcel desató una arremetida violenta de grupos narco que derivó en amotinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, explosiones de autos bomba, la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios y policías, así como una veintena de muertos.
CONFLICTO ARMADO INTERNO. El gobierno de Noboa decretó entonces un estado de excepción, que duró los 90 días que permite la ley, y declaró el país en conflicto armado interno, que de acuerdo con la Corte Constitucional puede ser por tiempo indefinido.
Bajo esa declaratoria se ordenó a los militares neutralizar una veintena de bandas criminales con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, tildadas de “terroristas” y “beligerantes”. AFP-EFE
