Villasanti dijo desconocer el origen del ataque del titular de Industria y Comercio, Gustavo Leite, a quien le había llamado la atención que el presidente de la rural no se haya manifestado sobre el caso que hoy ya tiene ocho imputados, incluyendo al propietario del frigorífico, Antonio de Lima.
Asimismo, el responsable del gremio de la rural negó el supuesto vínculo que, según Leite, tiene con la empresa investigada: “Nosotros no tenemos nada que ver con la industria, nuestro ministro natural es el de Agricultura y Ganadería. Yo creo que él también debe ser llamado y cuestionado”, refirió Villasanti en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
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El dirigente alegó que el prestigio del gremio prima sobre la amistad que tiene con Jair Antonio de Lima, propietario de la firma investigada.
“No tengo nada en su contra, pero creo que el ministro está desinformado y las cosas deben ser manejadas con prudencia. Siempre lo consideré como un amigo, pero ahora no entiendo el ataque”, sostuvo. Aclaró, además, que la ARP no es el organismo que tiene el control de las importaciones.
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Con relación al ingreso de la carne brasileña al país, consideró que la razón más lógica es el bajo costo del producto en el vecino país. Sin embargo, afirmó que este hecho se traduce en pérdidas millonarias para el sector ganadero.
Carne confiscada
Seis camiones refrigerados llenos de carne provenientes del Brasil ingresaron al país, supuestamente, de forma irregular, el pasado 2 de mayo. El cargamento tenía como destino final el Frigorífico Concepción.
El convoy, que transportaba 180 toneladas de carne faenada, ingresó desde Brasil por Pedro Juan Caballero y pasó todos los controles hasta llegar a Concepción.
La Fiscalía dispuso el traslado de los camiones al predio del frigorífico para su verificación, donde se constató que el cargamento no contaba con las documentaciones sanitarias requeridas por parte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) para su importación.
El cargamento incautado fue destruido este jueves por órdenes del organismo sanitario.
Tras el hecho, el presidente y dueño del frigorífico, Jair Antonio de Lima, y otras siete personas fueron imputadas por un supuesto caso de contrabando de carne y producción de documentos no auténticos.
