Zila Zárate Ávila, víctima de la mafia de los pagarés, denunció que falsificaron su firma, la demandaron y hasta fue inhibida. Afirmó que todos los informes del juicio eran falsos. Por su parte, el abogado denunciado, Milciades Toledo, aseguró que ella sacó un crédito que no pagó, por lo que la demandaron.
La mujer dijo que, con un pagaré falso, la demandaron en el Juzgado de Paz de Luque, a cargo de la jueza Norma Ortiz, por G. 4.711.683, pero que actualmente está inhibida desde el 2017, por G. 29.692.666, lo que se enteró hace poco. Explicó que la acción es de la firma Comaco SRL, que tuvo un pagaré de la empresa Clin Chash Vito ABM SA, por el abogado Milciades Toledo.
La demanda que se presentó tenía dos testigos, supuestamente falsos, Óscar Ariel Mieres y Aldo Ramón Aquino. Exhibió el pagaré con la comparación de firma con su cédula, donde había marcadas diferencias.
Indicó que fue notificada supuestamente por el ujier Daniel Orué, en una dirección que resultó ser la casa del diputado Celso Maldonado. Además, que el oficial de Justicia Patrosinio Almada, según su informe, habló con ella, donde reconoció la deuda, pero que se negó a firmar.
Acotó que, además, hubo informes falsos, por lo que el juicio continuó. Decían que ella era enfermera en Emergencias Médicas, pero que eso también era falso, y como no tenían nada que cobrarle, le inhibieron.
Explicó que supo años después de la inhibición y fue a ver el expediente. A la fecha, planteó un incidente de nulidad de actuaciones, pero que aún no fue resuelto por la jueza de Paz.
Zárate indicó que denunció el caso, que lo tuvo primeramente el fiscal Francisco Ortiz y ahora lo tiene la fiscala Liz Adela Medina. Remarcó que el abogado Toledo fue intimado a que presentara el pagaré, pero el mismo adujo que se extravió el documento.
CRÉDITO. Por su parte, el abogado Milciades Toledo, en diálogo con ÚH, dijo que Zila Zárate sacó un crédito en el 2013 y que trajo una fotocopia de cédula.
Afirmó que como no llegó a pagar más el crédito, se vendió a la firma Comaco SRL, y como representante, inició el juicio ejecutivo en el 2014. Refirió que se le notificó al domicilio que figuraba en el contrato y hasta había un croquis.
“Se le notificó y ahí dice que fue recibida por un familiar. A ella se le inhibió en el 2017, porque no tenía nada a su nombre. Se pidió informes a Registros Públicos y como no había nada, se volvió a inscribir la inhibición”, acotó.
“El año pasado, en octubre, se acercó a la oficina y dijo que esa firma no le pertenecía. Me pidió el finiquito, pero le dije no podía hacer si no acercaba la copia de la cédula de identidad del 2009. Se negó en un principio a traerme”, acotó.
Reveló que ahora planteó incidente de nulidad. “Contestamos y ahora está para resolver en esa cuestión. Ella no llegó a pagar ni un solo guaraní. No sé de qué estafa habla”, afirmó.
Remarcó que en el juicio civil no cobró nada, que gastó mucho en notificaciones, honorarios del oficial de Justicia. Sobre que se extravió el pagaré y que fue pedido por la Fiscalía, refirió que le citaron. “Buscamos el documento, porque tenemos archivos guardados”, adujo. Refirió que buscaron exhaustivamente, pero que sufrió algunos robos en su camioneta.
Según relató, cree que los pagarés estaban en el maletín que le robaron. Además, aseguró que presentaron a la Fiscalía todas las copias legibles.
“Nosotros estuvimos abiertos para que ella se acerque a la empresa, pero parece que le gusta más estar en medios de comunicación”, sostuvo.
Sobre que le notificaron en la casa del diputado, dijo que no es cierto, que el croquis aparece como su domicilio y que está a la vuelta.
MANIFESTACIÓN. Un grupo de manifestantes estuvo ayer en el Palacio de Justicia. Pidieron una audiencia con los ministros de la Corte.
Además, adelantaron que harán una vigilia el próximo lunes para que se detengan los descuentos compulsivos.
“Vivo en la miseria, con solo G. 1 millón. ¿Hasta cuándo?”
Luciana Bernardet, una enfermera jubilada, víctima de la mafia de los pagarés, sigue reclamando a la Justicia, entre lágrimas, que no le dan respuestas y que le siguen descontando mensualmente, luego de que le hayan inventado una deuda. “Siguen dejándonos sin comida, ¿hasta cuándo?”, reclamó.
A la mujer se le descuenta G. 1.450.000, mes a mes, desde noviembre del 2023 y esto está previsto que se alargue hasta marzo del 2026.
Luciana había comprado provistas y ropas a través de la Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin) y saldó su deuda en el 2018, o eso creía. Finalmente terminó siendo demandada y con embargos incesantes.
“¿Cómo vive?” Se le preguntó. “Vivo gracias a Dios. Vivo con la mitad de un sueldo mínimo. Con eso pago luz, agua, medicamentos, la asistencia de mis suegros. En la miseria me dejaron después de haber trabajado 34 años”, se lamentó la mujer en contacto con NPY.
FISCALÍA. Ella había denunciado el caso ante el Ministerio Público y recién después de presiones, se asignó a un fiscal especializado en Delitos Económicos, que es el agente Luis Piñánez, pero cuestionó que no avanza su causa.
“Cuando tomó la Fiscalía el caso dije: ‘Ahora se soluciona mi problema. Ahora tengo un fiscal’. Y hasta ahora no hay solución”, expuso Luciana.
Tampoco en el Juzgado le permiten cesar con los descuentos.
La mujer había denunciado por estafa a la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez, que era la que le dijo que su deuda en Amuclin estaba saldada, pero fue quien promovió la demanda en su contra. Fue la docente Julia Mabel Acosta, quien, sin conocerle, terminó demandándola a través de la abogada.
DIEZ AÑOS. Otra mujer, también víctima de la mafia, vive con muletas a raíz de la descalcificación de sus huesos. Lleva una vida difícil, que se complicó más porque ya no puede pagar ni sus medicamentos completos que requiere su tratamiento.
Desde el 2015 está sufriendo descuentos y ya entregó G. 110 millones a lo largo de estos diez años.
