El jefe de la Administración Tributaria indicó que la pesquisa sigue abierta para saber si hubo participación de otros miembros del plantel estatal, en colaboración con la Dirección Anticorrupción.
Señaló, además, que continuarán en comunicación continua con el Ministerio Público en caso de detectar indicios de otras redes de evasión y de producción de facturas de contenido falso.
“Con esto también demostramos que por más que sea quien sea, si son funcionarios públicos o empleados del sector privado, vamos a continuar denunciando este tipo de casos”, expresó Orué.
Antecedentes. Desde la implementación del nuevo Marangatu y del denominado big data, los casos de megaevasión van saltando cada vez más seguido.
Solamente en los últimos tres años, además del caso detectado ayer, se dieron a conocer los procedimientos Facturación 1, Facturación 2.0 y Facturación 3.0, este último hace apenas 4 meses.
El primer caso involucraba a un estudio contable ubicado en el barrio Maramburé, Luque. Esta compañía habría sido responsable de crear 52 empresas fantasmas para evadir unos G. 100.000 millones al Fisco entre 2016 y 2020.
El segundo operativo detectó un nuevo esquema de utilización masiva de comprobantes apócrifos por G. 171.300 millones. En este caso, llamó la atención la participación de 17 municipios y 1 gobernación, quienes utilizaron estos documentos para justificar gastos por G. 57.000 millones.
Finalmente, mediante el procedimiento Facturación 3.0 se descubrió otra red de 22 proveedores ficticios que facturaron de forma irregular G. 170.000 millones.