El viceministro de Economía, Humberto Colmán, remarcó que pese a mantener en solo 10 años el tiempo en que los congresistas pueden jubilarse, no se optó por la objeción total porque consideraron que, en comparación al sistema vigente, se podían rescatar algunos cambios que ayudarán a la sostenibilidad de la Caja Legislativa y acortarán la brecha con respecto a los aportantes del IPS y la Caja Fiscal.
“Creemos que el veto no se dio para mantener privilegios, sino que para ir corrigiendo algunas cosas. Entre las cosas positivas podemos rescatar tres: se eliminaron los 5 años de aporte para jubilarse y quedó en 10 años; para el cálculo de la jubilación se tomará en cuenta la remuneración de los últimos 60 meses y ya no la última remuneración percibida; y se excluye a las hijas solteras como beneficiarias de la pensión en caso de fallecimientos”, expresó.
Por su parte, la directora de Estudios Económicos, Carmen Marín, recordó que entre el 2004 y el 2017 el Estado aportó G. 104.000 millones (USD 18 millones) para sostener la Caja Parlamentaria. Esto, agregó, debido a que actualmente por cada dos jubilados del sector se cuenta con un solo aportante.
En ese sentido, Colmán y Marín resaltaron que los técnicos del Fisco están trabajando en un informe de sostenibilidad de la mencionada previsional para elaborar un proyecto de ley que modifique los privilegios que seguirán pese al veto.
Antecedentes. El proyecto de ley del fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativo fue sancionado por Diputados a mediados del mes pasado.
Si este planteamiento era promulgado, se autorizaba a los parlamentarios a jubilarse de manera extraordinaria con solamente 120 meses de aporte, con lo que recibirán de por vida el equivalente al 60% de su sueldo y gasto de representación promediado, mientras que el resto de los trabajadores accede a ese beneficio luego de aportar 30 años y un mínimo de 60 años de edad. Además, de acuerdo con la normativa vetada, con tres periodos (180 meses de aporte) y 65 años cumplidos, los congresistas podían acceder a la jubilación ordinaria, que les otorga de por vida el 80% de su salario y gasto de representación promediado.