El rechazo del Poder Ejecutivo se basa en la postura de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que sostiene que la actividad de la minería se caracteriza por su alto consumo de energía eléctrica, con un uso intensivo de capital y escasa utilización de mano de obra, por lo que corresponde caracterizarlo como consumo electrointensivo y no como consumo industrial.
De igual manera, señala que el proyecto limita la tarifa que sería aplicada a la actividad de minería y sostiene que dicha limitación colisiona con el mecanismo general de determinación de tarifas, establecido en el artículo 85 de la Ley 966/64.
Entre sus argumentos, menciona la postura del Ministerio de Industria y Comercio, que subraya que la política pública debe orientar sus esfuerzos a garantizar que el acceso a la energía esté disponible para todos los paraguayos, además de que se apunta a impulsar proyectos de inversiones que ofrezcan empleos.
El rechazo también contempla la postura de la Subsecretaría de Estado de Economía, que alega que la minería requiere el uso intensivo y masivo de energía eléctrica y gran capacidad de producción de energía, con la cual cuenta el país, pero no genera mucha mano de obra como cualquier otro sector industrial.