Se trata del caso registrado en la colonia Tape Yke, donde un grupo de 30 familias de indígenas ocupan un inmueble de siete hectáreas, reivindicado como suyo por la ex fiscala Liz Carolina Alfonso. El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) también sostiene que es de la institución e inició acciones judiciales al respecto.
Existe una orden judicial de desalojo que la Policía Nacional no pudo cumplir porque el IndiI no envió a sus funcionarios para acompañar el procedimiento.
La Policía Nacional informó este martes a los afectados que el Indi no remitió respuesta a la notificación sobre la diligencia prevista, por lo que los vecinos responsabilizaron al presidente de la institución estatal, Édgar Olmedo, del desacato a la orden judicial.
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Marta Díaz de Gonzalves, lideresa de la comunidad Ka’a Poty, afectada por la orden de desalojo, por su parte había pedido a las autoridades judiciales que primero vean los documentos que tiene el Indi, que incluso habilitó una escuela en la comunidad, para que puedan aplicar la justicia y dar una resolución real al problema que vienen enfrentando.
La misma señaló que ellos no van a abandonar la propiedad, porque creen que les pertenece por el título de propiedad que el Indi posee y porque fueron ubicados allí por los funcionarios de la entidad que les respalda.
Juicios
La orden judicial de desalojo del caso iniciado por la ex fiscala Alfonso ya recorrió todas las instancias del Poder Judicial y la última fue una acción de inconstitucionalidad planteada por Díaz de Gonzalves ante la Corte Suprema de Justicia contra el juicio iniciado por la ex fiscala.
Esta fue rechazada y la jueza del caso dio trámite al cumplimiento del desalojo, pero ahora fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por la comisión de Pueblos Indígenas del Senado, según los antecedentes.
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Mientras que la Dirección Jurídica del Indi inició dos acciones, una acción autónoma de nulidad y otra de reivindicación de inmueble sobre unas 1.364 hectáreas de tierras que habían sido adquiridas por la institución, que de acuerdo a una mensura realizada por el ente abarca más de la mitad del distrito de Mariscal López, de Caaguazú, y parte del distrito de Itakyry, de Alto Paraná.
La finca 2.891 de la ex fiscala Liz Carolina Alfonso se encuentra en dicho polígono, según el Indi.
Mientras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) había emitido un informe en el que los técnicos señalan que la finca 2.891 no se desprende de la que compró el Indi y por tanto no existe superposición de títulos, conforme a lo exhibido por la abogada.
Antecedentes
El Indi había adquirido un inmueble de 1.364 hectáreas, individualizada como la finca 1.628 de Itakyry (actualmente Mariscal López e Itakyry). Inicialmente, la ex directora Ana María Allen había denunciado ante la Fiscalía un supuesto caso de estafa, ya que la propiedad no existía físicamente, pero sí en títulos.
Luego, el Indi comisionó a un grupo de funcionarios para realizar una mensura, que ubicó el polígono sobre unas 12 propiedades, entre ellas la de la ex fiscala y otras que son extensas tierras de empresas agrícolas.
El informe del Indi contradice al informe del Indert con relación a las tierras, incluso, la denuncia realizada por la ex presidenta contra los anteriores funcionarios que supuestamente adquirieron un inmueble que no existía físicamente.
