Dos de los cuatro terrenos ya están ocupados por unas seis familias con edificaciones concretas con el aval de la Comuna local, que firmó pedidos de extensión de sistema eléctrico, según Ana Zavala, una de los vecinos que reclaman el hecho.
Señaló que ellos pagan millones por los terrenos adquiridos por Atalaya de Inmueble, mientras los espacios cedidos por la inmobiliaria a la Comuna son comercializados a precios risibles de G. 3 a 4 millones. “Ya hemos radicado la denuncia en el Ministerio Público, en la Unidad de la fiscala María Esther Giménez, la que no me dio mayores esperanzas para el desalojo”, indicó Zavala.
Mencionó que el responsable directo es el intendente municipal, Alejandro Urbieta, quien firmó el pedido de extensión del sistema eléctrico hasta el lugar y que posiblemente la comuna percibió impuestos de construcción. “Solo la Junta Municipal nos da su apoyo, ya enviaron una nota al Ejecutivo Municipal para tomar acciones legales para el desalojo, pero el intendente no se anima a eso”, afirmó Blanca Maldonado, otra vecina.
El nuevo fraccionamiento queda ubicado hacia el sur de la ciudad, donde muchas familias están poblando, tras la compra de terrenos de la inmobiliaria mencionada. Sin embargo, los 4 terrenos destinados para plaza, oratorio y puesto policial ya están siendo comercializados aparentemente a familias amigas del intendente Urbieta.
Por su parte, el abogado Óscar Pintos, juez de Faltas Municipales, indicó que en menos de 15 días saldrá el dictamen respecto a la situación de los ocupantes sin adelantar en qué consistiría. Destacó que la Municipalidad no tiene la potestad de desalojarlos y que para eso la institución debe arrimar denuncia al Juzgado en lo Civil.
También dijo que ya se ha notificado a los ocupantes a parar cualquier obra que ejecutan en los terrenos, pero que los dueños hacen caso omiso.
