Por Susana Oviedo
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-¿Hay situaciones que signifiquen un retroceso en estos momentos en materia de libertad de expresión?
-Sí, hay países que, por ejemplo, están impulsando el desacato. El desacato es una medida absolutamente absurda, totalmente antidemocrática y que viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Con dicha figura el Estado se siente con el derecho de castigar a quien critique a los funcionarios públicos, cuando al revés, los funcionarios públicos son quienes tienen que estar bajo la mayor vigilancia de la opinión pública. Este es un claro ejemplo de cómo se puede utilizar el derecho no para la libertad, sino para la opresión.
-¿Cuál es otra situación grave que preocupa en estos momentos?
-Se están utilizando mecanismos de supervisión del Estado, por ejemplo, para sancionar a los medios críticos. Entonces, cada vez que un medio hace una investigación sobre un hecho de corrupción, resulta que aparecen las falencias fiscales. O cada vez que una oenegé realiza una denuncia contra un gobierno local o nacional, entonces inmediatamente aparece la entidad del Estado que vigila de donde vienen los fondos que la financia.
-¿No es esa una facultad del Estado?
-El Estado tiene todo el derecho de investigar, fiscalizar, procesar, pero lo que no puede hacerlo es de manera intimidatoria, selectiva, y para presionar a los medios de comunicación, a las oenegés y a los defensores de derechos humanos porque están haciendo su trabajo en una sociedad.
Cuando se utilizan esos mecanismos de fiscalización para intimidar, sucede que en el momento en que hay una persona que emite una opinión que no le gusta al Estado, inmediatamente brinca un ministro para decir que van a investigar quién es la persona, la institución o el medio de prensa y que además averiguarán de dónde sacan sus fondos. ¿Qué tienen que ver sus fondos con la opinión?
Si usted quiere averiguar por los fondos de alguien, debe existir una buena razón y debe activar los mecanismos normales, sin discriminación. Eso preocupa.
-¿Y los crímenes contra periodistas?
-Siguen habiendo y, por supuesto que nos preocupan. Los asesinatos provienen normalmente del crimen organizado y en algunos casos lograron filtrar a las organizaciones políticas.
Esto es muy grave, ahí es donde hay que reforzar los mecanismos de protección y luchar contra la impunidad de esos crímenes.
Hay países donde el crimen organizado está siendo combatido por el Estado de manera eficaz, pero en otros ha logrado penetrar instituciones políticas.
-Cuáles son las prioridades de la Relatoría de Libertad de Expresión?
-La primera es la necesidad de proteger periodistas en riesgo, amenazados por el crimen organizado y, por supuesto, en situación de extremo riesgo, cuando el crimen organizado ha logrado permear algunas jurisdicciones del Estado.
En este caso hay que impulsar procesos para que no haya impunidad por esos crímenes, pero además hay que instituir mecanismos de protección desde el Estado.
El segundo gran tema que nos fijamos como prioridad de la agenda, para los próximos 3 años, tiene que ver con el derecho penal, debido al abuso que hemos identificado que hay desde este ámbito para inhibir la expresión crítica, disidente, y las investigaciones sobre corrupción.
-¿Cómo se da eso?
-A través de denuncias por injuria y calumnia a periodistas que hacen investigaciones de hechos de corrupción o que formulan cuestionamientos a las actuaciones de funcionarios públicos. Hay que derogar las normas de injuria y calumnia.
-Y si se logra eso, ¿qué protección le queda a los ciudadanos comunes que de pronto se ven afectados por alguna publicación irresponsable?
-El tema es derogar del derecho penal esas figuras cuando se trata de discursos especialmente protegidos. Es decir, denuncias sobre abusos de funcionarios públicos, temas de interés público; no en todos los campos.
A mí me gustaría que se derogara en todos los campos, pero entiendo que hay un reclamo del ciudadano común y corriente, y sobre eso no nos hemos pronunciado. Lo que sí está claro, y nos hemos pronunciado -desde la Relatoría- es respecto a la necesidad de derogar el uso del derecho penal en ámbitos de discursos especialmente protegidos: denuncias sobre hechos de corrupción, temas de interés público.
-¿Cuáles son los otros temas de agenda?
-El tercer tema es la censura. Felizmente ya no tenemos la censura directa de la época de los militares, pero hay procesos indirectos de censura muy graves, uno de los cuales es el uso arbitrario de la publicidad oficial.
El otro punto es el acceso a la información, hay una enorme voluntad política en toda la región para impulsar marcos jurídicos que promuevan el acceso a la información, pero esa voluntad política, lamentablemente, todavía no se ha visto plasmada en reformas sustanciales en la mayoría de los Estados. Hay que impulsarlas e implementarlas.
-Pero el acceso no pasa solamente por una ley, sino por prácticas de transparencia.
-Primero que haya leyes, y con estas que también haya prácticas de transparencia, que realmente requieren voluntad política, presupuesto, capacitación, etc.
El quinto tema de nuestra agenda tiene que ver con el pluralismo y la diversidad. Hay que impulsar políticas de desconcentración de la propiedad en el sector de las comunicaciones y formas de ingreso al proceso comunicativo de sectores tradicionalmente excluidos.
-De los cinco puntos de agenda, ¿cuál es más urgente atender ahora?
-Hay temas más urgentes dependiendo de los países. Hay países donde hay más asesinatos, hay otros donde no se da esto. Entonces, la importancia depende de la situación de cada país.
La idea es que podamos trabajar en esos cinco temas, en casos que llegan a la Relatoría, en informes temáticos y en el monitoreo de esos puntos de la agenda.
Hay que legislar en materia de acceso a la información, en materia de publicidad estatal, también para proteger derechos personalísimos (honor, intimidad, honra, etc.), pero a través de mecanismos razonables.
PROBLEMAS NO ESTÁN VINCULADOS CON SIGNO DEL GOBIERNO
Los hechos que se dan en la actualidad, y que afectan a la libertad de expresión, no se pueden imputar exclusivamente al accionar político de Gobiernos de izquierda o solo de derecha, según Catalina Botero.
“Hay Gobiernos de todas las ideologías que son absolutamente respetuosos de todo el catálogo de derechos humanos y hay Gobiernos respecto a los cuales hay por lo menos advertencias importantes, porque a veces no valoran de manera suficiente la importancia de proteger todos los derechos para todos.
Esto no tiene nada que ver con el tema ideológico, sino con la vocación democrática de los distintos gobiernos”, resalta.
Ahora, aclara, que un Gobierno eventualmente pueda comprometer un derecho no significa que el Estado sea antidemocrático.
“Para eso existen los jueces y existe el Sistema Interamericano, para orientar a un Gobierno en materia de derechos humanos, para decirle: usted se pasó en esto”.
El problema, advierte, es cuando lo hace sistemáticamente.
“Ahí es donde el Sistema Interamericano debe operar de manera más vigorosa”.
La relatora especial recordó que un régimen es democrático no porque el presidente o el Congreso sale a decirlo, sino porque está respetando un catálogo mínimo de derechos reconocidos por los convenios internacionales, “y esto no tiene nada que ver con la ideología”, insiste.
PERFIL
Catalina Botero es abogada, candidata al Doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Carlos Tercero de Madrid, con posgrados en Ciencias Políticas, Derechos Humanos, Gestión Pública y Derecho Administrativo.
Actualmente es relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Relatoría que preside fue creada para promover la conciencia por el pleno respeto a la libertad de expresión e información en el hemisferio, considerando el papel fundamental que ésta juega en la consolidación y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos.