Esto debido a que la fiscala de la causa, Victoria Acuña, no recibió aún el dictamen de la Contraloría sobre la auditoría realizada a la Gobernación durante ese periodo, que solicitó, sin respuesta.
Por el caso, nadie fue imputado hasta el momento, pese a que pasaron más de dos años de la primera denuncia.
Acuña solicitó recién en julio pasado, por el caso caratulado como lesión de confianza, las actas y resoluciones correspondientes a las sesiones de estudio y aprobación de las rendiciones de cuentas de la Gobernación de Caazapá durante los ejercicios fiscales de los años 2014 al 2018.
La lentitud en el caso que favorece al legislador también fue motivo para que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados solicitara a la representante del Ministerio de Público informes sobre la causa.
Las irregularidades fueron constatadas incluso en un informe de la Contraloría.
Concejales departamentales realizaron una primera denuncia en 2018 y la segunda, en 2019.
