17 ene. 2026

“Urgen cambios, pero sin perjudicar derechos laborales”

Para el abogado constitucionalista Robert Marcial González es necesario que se realicen propuestas para que se hagan cambios y ajustes sin perjudicar derechos laborales y sin desproteger a los trabajadores, que permitan a empresarios tener mayores incentivos.

Así lo explicó a radio Monumental AM 1080 el experto, para quien en el mercado actual funcionan alternativas paralelas lejos de lo que establece la Ley laboral. “Es costumbre que ambas partes se pongan de acuerdo con la negociación de antigüedad para eludir el efecto de inamovilidad absoluta”, destacó.

A su criterio, hay que preguntarse si el Código actual está vinculado a la nueva realidad.

“Si en Paraguay no hay inversiones suficientes, el menor de los problemas es el laboral. Más bien hay que hablar de corrupción, falta de seguridad jurídica, precariedad y entes que orientan esfuerzos en fase represiva”, sintetizó.

Al momento de enfatizar que la protección al trabajador no debe ser eliminada, planteó que pueden establecerse efectos beneficiosos toda vez que se concrete la nueva norma, como establecer una reparación económica por despido que mejore los criterios y montos hoy existentes.

“Podría pensarse en un despido para quien ya tiene diez años en una empresa con garantía de un seguro de desempleo por 36 meses; también contemplar una seguridad social adecuada, así como la atención médica mínima, que hoy no existe. De lo contrario, acompañamos una iniciativa interesante, pero huérfana de muchas cosas”, analizó.

El abogado también refirió que solo en Paraguay se mantiene el efecto “absolutamente irracional” que es la inamovilidad absoluta; ya que en otro países se encontraron alternativas “para equilibrar los tantos”.

También contempló los dinamismos del mercado laboral actual, lejos de una realidad en la que fue perfilada la actual normativa: “El perfil del Código Laboral es tributario de esa realidad anterior”, destacó, al tiempo de insistir que en la práctica no funciona mucho la protección al trabajador.

16% de la población asalariada tiene estabilidad laboral, es decir, más de 10 años en una misma empresa.

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