13 ene. 2025

Urge una reforma tributaria para aumentar el bienestar y pagar la deuda

Paraguay es uno de los países de menor presión tributaria en América Latina. Este hecho, además de reflejar la debilidad del contrato social, constituye la principal causa del endeudamiento y de la ausencia del Estado en áreas centrales para el bienestar de la población como la salud, la educación, la infraestructura o la vivienda. Revertir esta situación exige recursos cuya fuente genuina son los impuestos. Negar la necesidad de un debate y de acuerdos en torno al tema es irresponsable y terminará afectando a toda la población, así como a la sostenibilidad del crecimiento y a una trayectoria positiva hacia el desarrollo.

Desde hace años se viene discutiendo el tema frente al rechazo de un sector que prefiere defender los intereses particulares de una proporción mínima de la población en lugar de promover el bien común con la implementación de políticas de amplio alcance.

La mayor parte de las intervenciones públicas son de baja cobertura y para mejorar su calidad se requieren más insumos, infraestructura y capacitación a los encargados de ejecutarlas. La producción de alimentos necesita mayor infraestructura en caminos y mercados vecinales.

Paraguay no cuenta con buena formación para el trabajo y mucho menos con políticas laborales. Las micro, pequeñas y medianas empresas y la agricultura familiar requieren instrumentos financieros que les garanticen acceso a créditos y seguros, capacitación para mejorar la calidad y competitividad de sus productos y mercados con precios justos.

No hay ámbito importante para la calidad de vida y el desarrollo del país en la que no sean necesarias mejores políticas públicas. Las múltiples fallas de mercado exigen una mayor participación estatal en la producción de bienes públicos, mejoras en la competencia, reducción de las externalidades negativas y potenciación de las positivas.

En la última década se agrega el rápido crecimiento de la deuda derivado justamente de la ausencia de un sistema tributario que recaude de manera justa y suficiente para financiar la inversión en infraestructura que requiere el país.

Es realmente vergonzoso escuchar justificaciones falaces, alejadas de la evidencia empírica derivada de casos exitosos en el mundo y, sobre todo, sin considerar los intereses de sectores privilegiados en lugar del bien común.

Urge una discusión basada en el respeto a los derechos consagrados en nuestra Constitución, con argumentos consistentes y con datos e información rigurosas.

No es posible seguir postergando el bienestar de las personas y el desarrollo del país y trasladando la responsabilidad del pago de la deuda a las generaciones futuras.

Un país se vuelve insostenible social y políticamente si no invierte para garantizar que su población viva bien. En términos económicos, se obstaculiza la sostenibilidad del crecimiento económico así como cualquier posibilidad de insertarnos de manera competitiva en la economía global.

No podemos conformarnos con seguir ubicados en los últimos lugares del desarrollo en América Latina. Paraguay cuenta con muchas potencialidades, pero ello requiere que hagamos el esfuerzo de invertir más y de garantizar la sostenibilidad de la deuda.

La estabilidad macroeconómica no puede ser considerada como un bien en sí mismo sino como un medio para impulsar un cambio radical en la trayectoria del desarrollo. Por otro lado, el endeudamiento debe frenarse, ya que pondrá en riesgo la estabilidad y las ya precarias condiciones de vida en el país.

Un sistema tributario justo es un instrumento fundamental para el desarrollo y la reducción de las desigualdades. No podemos negarnos a debatir y a construir un consenso social y político sobre la necesidad de su reforma de manera a recaudar más y mejor. Quienes tienen más deben pagar más.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.