Frente al tamaño de la tragedia que supone el crimen de la adolescente en Coronel Oviedo, embarazada de cuatro meses y cuyo cuerpo fue encontrado semicalcinado, autoridades y funcionarios del Gobierno deberían evitar justificar la inacción y falta de interés acudiendo a respuestas populistas, como la solución punitivista. El Paraguay necesita urgentemente invertir más en educación y en las políticas públicas que se enfoquen en la salud en general y mental de la población. La sociedad debe abrir los ojos y asumir la gravedad del problema.
La situación que vive el país es compleja, pues la ciudadanía soporta a diario hechos de violencia urbana, demostraciones del alcance de la delincuencia y el crimen organizado que afectan a la población. Todos estos hechos tienen consecuencias no solamente físicas, sino que debilitan el espíritu y socavan las emociones de las personas.
Estas situaciones deben ser vistas como un toque de atención y, al mismo tiempo, como expresión de la misma condición de abandono a la población por parte de las instituciones del Estado, al negar la posibilidad de la atención de calidad en educación, empleo digno, salud pública y, más concretamente, salud mental.
Es oportuno recordar hoy que este mismo Gobierno que hoy considera que aumentar las penas contra los transgresores y “redoblar esfuerzos para construir un país más seguro y libre de violencia, trabajando de manera coordinada y sostenida”, parece haber olvidado que hace un año desfinanció todos los programas que dependían de los recursos de Fonacide para destinarlos a Hambre Cero. Entre ellos, el 10% destinado al Fondo Nacional de Salud, unos USD 49.794.463, que financiaban programas para la salud mental, atención integral a pacientes oncológicos y para la provisión de medidas, insumos y equipos para el Ministerio de Salud.
El Estado paraguayo está en deuda con la población. Miles de jóvenes y niños no tienen acceso a una educación de calidad ni salud ni la posibilidad de acceso a un empleo digno. Por eso, nuestros gobernantes son responsables de la situación que estamos viviendo. Dicho esto, también amerita una reflexión sobre otra institución fundamental para la sociedad, la familia. Al respecto, explicaba la psicóloga Mariam Romero, sobre el crimen de María Fernanda, que debería ser una alarma encendida en toda la sociedad paraguaya. Sostenía que hechos tan extremos no aparecen de la nada, sino que se incuban en entornos de desconexión, abandono emocional y falta de vínculo.
“Un adolescente que planifica una muerte, que actúa con frialdad, que incinera a una persona viva sabiendo que lleva una vida en el vientre… no llegó ahí de un salto. Llegó desde una cadena de desconexiones”, explicaba.
Resumiendo, la profesional apuntó que en este caso fallaron los vínculos, fallaron los adultos que debieron enseñar, sostener y regular y también fallamos como sociedad al normalizar la desconexión emocional.
Debemos ser conscientes de que la violencia, que se ha infiltrado en nuestras comunidades deja cicatrices profundas. Es momento de reflexionar sobre los valores que se cultivan en la sociedad, la pérdida del diálogo y la urgente necesidad de reconstruir el tejido social.
Esto no significa que habiendo asumido la responsabilidad como familia y como sociedad, no dejemos de señalar la inoperancia de autoridades y funcionarios, ya que muchas veces es esa incompetencia la que contribuye a fortalecer el clima de impunidad y de desesperanza.
Todos aspiramos a vivir en una sociedad donde se respete la vida de todos los seres humanos, y aspiramos a convivir en una vida digna; para que eso sea posible debemos los ciudadanos apostar al diálogo, al compromiso, la tolerancia y la justicia.
