Como si fuera una gran operación de inteligencia que desbarató una base de narcotraficantes, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanó las sedes del emprendimiento Granja Madre o Huerta Madre, en zonas de Luque y Areguá, deteniendo a su principal propietario e impulsor, el abogado y activista por la regularización del cannabis, Juan Carlos Cabezudo.
Las autoridades de la Senad aseguran haber encontrado un “presunto esquema de granjas” utilizadas “para el cultivo de sustancias estupefacientes; plantaciones de marihuana” bajo el argumento de “la producción medicinal de aceites de cannabis”, según un comunicado.
Sin embargo, cualquiera que haya hecho un seguimiento a través de los medios de comunicación, habrá podido comprobar que Granja Madre venía operando en forma pública desde hace tiempo, como una empresa constituida de forma legal, con registro único de contribuyente (RUC), pero sin los permisos de la Senad y de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y del Ministerio de Salud Pública para producir el aceite de cannabis.
Cabezudo es un conocido propulsor de la regularización de la marihuana para uso medicinal y recreativo, que viene sosteniendo una campaña en forma pública, al igual que lo hacen otros activistas, como las integrantes de Mamá Cultiva, organización de madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras enfermedades, que luchan por el derecho a disponer del aceite de cannabis sin tantas restricciones ni precios exorbitantes.
Inclusive, el pasado 2 de mayo, se informó públicamente sobre un acuerdo entre productores campesinos de Agüerito y Tava Guaraní, en el Departamento de San Pedro, para cultivar cannabis por el sistema cooperativo para abastecer a Granja Madre, sin que en su momento haya existido reparos de las autoridades. El 15 de mayo, la misma empresa hizo una exposición abierta al público de sus productos medicinales elaborados con cannabis de modo artesanal.
Esta situación muestra la falta de un debate serio sobre el tema. Cabe recordar que, tras varias décadas de prohibición, el 2 de diciembre de 2020, la ONU reconoció las propiedades terapéuticas del cannabis y su resina al retirarlas de la lista IV de la Convención sobre drogas de 1961. En Paraguay, la organización Mamá Cultiva logró la aprobación de la Ley 6007 que obliga al Estado paraguayo a suministrar aceite de cannabis medicinal a los pacientes, pero que aún no ha sido puesta en marcha por el Gobierno. Mientras tanto, Granja Madre ayudaba proveyendo gratuitamente el aceite de cannabis a las familias que lo requerían, además de comercializar sus productos expidiendo facturas legales.
El Estado paraguayo no puede seguir negando la importancia del uso médico de la marihuana, ni criminalizar a quienes la impulsan, poniéndolos en la misma bolsa con los narcotraficantes. El combate a las drogas y el uso medicinal y recreativo son cuestiones que van por carriles diferentes. Además, no se controlan ni se combaten otros productos que también causan mucho daño a la salud pública, como el cigarrillo, el alcohol o las bebidas gaseosas azucaradas. Es hora de mostrar más apertura y coherencia.