La complicidad con la corrupción también tiene un esquema legal y se ha puesto nuevamente en evidencia en estos días, en torno al polémico pedido de intervención a la administración municipal de Ciudad de Este, a cargo de la intendenta Sandra McLeod y de los miembros del llamado Clan Zacarías, quienes manejan el poder regional en el Alto Paraná desde hace dos décadas y actualmente se hallan investigados por el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito en la función pública, asociación criminal y lavado de dinero.
Accediendo al reclamo de la ciudadanía, la Junta Municipal resolvió pedir la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. La solicitud fue remitida al Ministerio del Interior y luego al Poder Legislativo, que tras mucha dilación formó una comisión especial para resolver este caso y el de otros municipios. Sin embargo, el proceso se encontró ante una trampa legal, ya que la Constitución Nacional plantea que para que el Congreso decida sobre la intervención debe contar previamente con un dictamen de la Contraloría General de la República, pero a la misma no se le permitía auditar a más de cien instituciones, entre ellas a la Municipalidad de CDE.
Desde hace tiempo, varias instituciones públicas, incluyendo a municipios, gobernaciones, ministerios, la propia Corte Suprema y también la Justicia Electoral, se venían refugiando en una chicana jurídica para evitar ser auditadas por la CGR, presentando acciones de inconstitucionalidad ante la Corte para que sus números solo sean verificados por el Tribunal de Cuentas, en donde tienen aliados políticos que no tienen muchos reparos ante las posibles irregularidades que se puedan detectar en sus rendiciones. La Corte Suprema concedió de este modo la argucia legal para que más de un centenar de instituciones puedan evadir la transparencia y ella misma, la Corte, se incluyó entre los beneficiados por esta picardía jurídica.
El sistema político y jurídico paraguayo había construido una perversa manera de disfrazar los posibles casos de corrupción. Ante la presión ciudadana, ayer la Corte Suprema emitió un comunicado y ahora sostiene que los fallos de la Sala Constitucional no impiden que la CGR pueda auditar a las instituciones públicas, incluyendo a la Municipalidad de Ciudad del Este, algo que hasta ahora no se le permitió.
La situación cambia y habrá que ver cómo se cumple en la práctica. Es urgente romper este sistema legal cómplice de la corrupción, de lo contrario solo se profundizarán aún más la indignación y el desencanto ciudadano.
