14 jun. 2024

Urge eliminar privilegios en el servicio civil

La ausencia de carrera del servicio civil ya dejó de ser solo un problema de gestión pública que afecta a la calidad de los servicios, hoy se plantea también un problema ético a partir de la pandemia. Las recientes bonificaciones recibidas por funcionarios del Ministerio de Hacienda constituyen una bofetada a la ciudadanía, que sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia y cuyos ingresos reales vienen a la baja desde mucho antes de la llegada del Covid-19. Deben suspenderse todos los beneficios adicionales al salario hasta tanto se implemente una carrera del servicio civil que garantice el acceso, la permanencia y la promoción en el sector público basados en el mérito y los resultados de la gestión.

Las políticas públicas son implementadas por personas, por lo tanto, por buen diseño que tengan no tendrán los efectos esperados si no hay compromiso por parte del principal componente de las mismas que es el recurso humano.

El servicio civil paraguayo no cuenta con una carrera profesional que permita premiar a los buenos funcionarios públicos, incentivar el compromiso y aislarse del clientelismo político. La mayor parte del funcionariado pertenece a un partido político y solo ese hecho ya constituye un problema serio.

Aun cuando se salve esa situación, uno de los principales problemas que tiene el manejo de los recursos humanos y la necesaria implementación de la gestión basada en resultados en Paraguay es que no hay vinculación entre la carrera del funcionario público y los incentivos económicos.

El salario de un funcionario público no siempre se corresponde con el nivel académico, las capacidades, la experiencia o la responsabilidad en el cargo. El salario tampoco se ajusta a medida que el funcionario asciende. Para lograr eso están las bonificaciones que prácticamente se automatizaron. A todos por igual, como es el caso de los múltiples aguinaldos, sin importar si es merecido o no el premio.

La falta de carrera en el servicio civil no solo afecta al sistema de incentivos económicos sino también al compromiso con la ciudadanía, ya que los funcionarios públicos se encuentran desprotegidos ante la discrecionalidad de las autoridades de turno, grupos interesados en hacer negocios con el Estado y políticos.

Frente a la crisis económica que viene sintiendo la ciudadanía, es un abuso que sigan existiendo bonificaciones a ciertos sectores privilegiados del sector público sin que se alineen a resultados de la gestión. Estos recursos no solo generan desigualdades con la población que paga sus impuestos para financiar las remuneraciones públicas sino también al interior del propio sector público, ya que esos beneficios no están disponibles para todos.

Ante esta situación, el Gobierno debe tomar cartas en el asunto y diseñar un plan de racionalización del servicio civil que contemple la eliminación de las bonificaciones hasta tanto se implemente la carrera profesional. De hecho, estas bonificaciones ya se habían incluido en la famosa “matriz salarial” y ahora resulta que se repusieron y se terminan pagando sobre las anteriores.

En el Estado deben quedarse quienes tengan condiciones para producir y produzcan. Quienes no tengan la motivación y compromiso de constituirse en servidores de la ciudadanía deben ser progresivamente excluidos. La carrera del servicio civil debe convocar a los mejores profesionales, tanto en credenciales educativas como en compromiso.

Sobre ellos recae la responsabilidad de lograr mejores condiciones de vida para la ciudadanía que paga sus impuestos y financia sus salarios. Por lo tanto, autoridades del Poder Ejecutivo como parlamentarios son también responsables de esta situación. Es urgente tomar medidas en este ámbito.

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