Nuestro país está viviendo en las últimas décadas un acelerado proceso de urbanización, similar al que tuvieron la mayoría de los países de América Latina décadas atrás. Ya en el censo del 2002 la población urbana había alcanzado el 56,7% de la población total. En el censo de 1992, este indicador era de 50,3%, y, en 1982 fue de 42,7%.
Lastimosamente el censo del 2012 no fue completado exitosamente, pero, con esta tendencia la población urbana probablemente exceda el 60% del total en la actualidad. La observación de la realidad diaria nos indica claramente esta tendencia.
Este proceso de urbanización plantea enormes desafíos para la sociedad en términos del acelerado crecimiento de la demanda de servicios e infraestructura urbana, especialmente en las áreas metropolitanas más importantes del país.
Tanto el Gobierno central como los gobiernos municipales fueron sorprendidos por esta realidad y no planificaron adecuadamente la ampliación de estos servicios a tiempo. Como consecuencia, el desarrollo urbano fue desordenado, con viviendas precarias, sin infraestructura vial, sin servicios de agua, de saneamiento, sin hospitales, etc. Por lo tanto, en adelante, es necesario realizar todos los esfuerzos posibles para reducir estas brechas entre la demanda y la oferta de servicios e infraestructura.
En este caso, quiero referirme a un servicio básico y vital en la vida urbana moderna: el servicio de desagüe cloacal y el correspondiente tratamiento de efluentes.
De todos los servicios públicos, este es el que menos atención ha recibido de los gobiernos. Como consecuencia, según la Encuesta Permanente de Hogares del 2012, realizada por la Dirección de Estadísticas y Censos, apenas el 9,7% de los hogares de toda la república tienen el servicio de desagüe cloacal y está concentrado solo en la ciudad capital. Por otro lado, el 65% tienen pozo ciego con o sin cámara séptica y el 25% aún utilizan la precaria letrina común.
En ningún caso el desagüe cloacal recibe el tratamiento correspondiente y son vertidos a los diferentes ríos, lagos y arroyos circundantes, lo que provoca una grave contaminación de ellos, además de las aguas subterráneas.
Debemos cambiar esta realidad lo más rápido posible.
En las áreas urbanas, la ESSAP es la empresa pública encargada de prestar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Ella debe asumir el liderazgo, fortalecer su capacidad de gerenciamiento de proyectos y utilizar todos los instrumentos a su disposición para llevar adelante las ingentes inversiones requeridas. Ya en el 2007 el Banco Mundial había aprobado un préstamo de USD 50 millones para el inicio de un amplio programa de inversiones en esta área. Sin embargo, recién en el 2013 se esté empezando a ejecutar, seis años después. Todo muy lento.
Por otro lado, con la aprobación de la Ley de APP se incorpora un nuevo instrumento para la ESSAP a fin de poder llevar adelante por lo menos alguna parte de estas inversiones asociándose con empresas privadas, y de esta manera ampliar su capacidad de inversión e implementación de proyectos para avanzar más rápidamente en los próximos años.
La población urbana va a seguir creciendo aceleradamente en los próximos años y el déficit en la prestación del servicio de desagüe cloacal irá creciendo aún más rápidamente con sus negativas consecuencias en la contaminación de las aguas y en la salud de la población.
Démosle alta prioridad a la inversión en esta área, asignemos los recursos necesarios a la ESSAP y las demás instituciones responsables y utilicemos las APP cuando sea factible y resolvamos este problema en la próxima década.
(*) Economista, ex ministro de Hacienda y miembro de la Fundación Desarrollo en Democracia (Dende).