EFE
La ostentosa operación, que coincidió con la votación del decreto de intervención en la seguridad pública de Río de Janeiro en la Cámara de Diputados, suma fuerzas del Ejército, la Marina y de la Aeronáutica, con la de policías civiles y militares, hombres de la Fuerza Nacional de Seguridad y de la Policía federal de carreteras, según fuentes oficiales.
Para el operativo las autoridades de seguridad montaron puntos de bloqueo y vigilancia en las principales vías de acceso al estado de Río de Janeiro.
Esto porque uno de los grandes temores de los gobernadores de Sao Paulo, Minas Gerais y Espíritu Santo es que con la medida de la intervención algunos criminales intenten huir de Río de Janeiro y busquen refugio en los estados vecinos.
Con el operativo, que cuenta con apoyo de aeronaves y vehículos blindados, se pretende arrestar a posibles delincuentes que intenten huir de Río de Janeiro, e impedir el ingreso de armas y drogas.
De acuerdo con una nota distribuida por la Secretaría regional de Seguridad, hay operaciones en las zonas limítrofes del norte, sur y oeste del estado.
También hay efectivos en la Baixada Fluminense, una zona deprimida formada por barrios municipios del área metropolitana de Río de Janeiro, y patrullaje a lo largo del arco metropolitano.
“Algunas vías y accesos en las áreas de operaciones pueden ser prohibidos y los sectores del espacio aéreo podrán ser controlados oportunamente con restricciones dinámicas para aeronaves civiles”, señaló la nota.
De acuerdo con la información suministrada, no hay interferencia en las operaciones de los aeropuertos.
Las imágenes de violencia que marcaron el carnaval de Río de Janeiro y conmocionaron Brasil empujaron al presidente de Brasil, Michael Temer, a decretar la inédita intervención del área de seguridad de Río de Janeiro, la cual deberá ahora contar con el visto bueno del Congreso de los Diputados.
La intervención entrega a los militares la tarea de acabar con la ola de violencia que desangra a ese estado desde hace meses y que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños alcanzados por las llamadas “balas perdidas”.
La medida, que no puede ser modificada por el Legislativo, necesita de una mayoría simple en la Cámara de los Diputados y en el Senado para recibir luz verde, lo que podría producirse esta misma semana.
