Los estudiantes que buscan una salida al impacto negativo que generó la Ley Hambre Cero se reúnen desde las 14:00 con autoridades del Gobierno, entre ellas los viceministros de Culto, David Velázquez Seiferheld; de Educación, Federico Mora; de Administración y Finanzas, Óscar Lovera; así como la jefa de Gabinete de la Presidencia, Lea Giménez.
El encuentro se realiza en una de las oficinas estatales en el predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Por parte de los jóvenes, participan dos representantes de cada universidad pública, cuyos compañeros se movilizan en las afueras bajo resguardo policial.
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Para los estudiantes es pertinente que las autoridades pidan disculpas por sus declaraciones al minimizar y ningunear la movilización de estudiantes.
Ernesto Ojeda, dirigente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), cuestionó que el presidente de la República esté de viaje en el exterior en vez de atender la crisis que se da en el país en torno a la Ley Hambre Cero.
Comentó que ya se mostró la fuerza que tienen los jóvenes que declararon paro y en varios casos hasta tomaron sus unidades académicas, incluyendo el Rectorado de la UNA.
A partir de la movilización del jueves, advierte que seguirán saliendo a las calles a presionar hasta garantizar los recursos para todos los programas que quedaron sin financiamiento con la vigencia de una ley sin debate.
Por su parte, Camila Díaz de Vivar, de la Facultad de Ingeniería de la UNA, comentó que en la institución se reanudaron las actividades, pero los alumnos permanecen en vigilia.
“Si es necesario parar, porque acá no se da un debate o no nos escuchan, vamos a volver y vamos a volver con más fuerza”, expresó.
Asimismo, la Facultad de Ciencias Médicas permanece en paro y a partir de la reunión de este viernes los estudiantes analizarán si seguirán con la medida de fuerza.
También forman parte de las movilizaciones alumnos de las universidades nacionales de Canindeyú, Ciudad del Este e Itapúa, así como institutos superiores estatales, entre otros.
En principio, los universitarios habían exigido garantías para la continuidad del Arancel Cero que era cubierto con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, el cual se eliminó con la Ley Hambre Cero y la gratuidad de los estudios terciarios pasó a depender del Tesoro, es decir, fuente 10, en medio de una desconfianza en su aplicación.
Posteriormente, los jóvenes incorporaron a sus reivindicaciones todos los demás programas afectados como los fondos para salud, donde se contemplan recursos para la atención de pacientes oncológicos, insumos y equipos médicos, así como la cobertura de la Ley Anita, que promueve la donación de órganos.
En el ámbito académico quedaron sin blindaje las becas Carlos Antonio López y la financiación de investigaciones, entre otros.
