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Universidades piden a Aneaes aplazar evaluación institucional

 

La Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) y la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP) plantearon a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) posponer la implementación del mecanismo de evaluación institucional, cuya primera convocatoria se prevía para este mes.

“El programa de evaluación institucional consideramos que puede esperar un poquito más hasta tanto tengamos un mayor porcentaje de carreras acreditadas”, apuntó Víctor Ríos, presidente de la AUPP.

Señaló que se debe esperar a por lo menos “llegar al doble de carreras acreditadas que tenemos” porque “lo que más interesa –o debe interesar– a la sociedad es la calidad de los profesionales que egresan de nuestras universidades”, postuló el rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

En el caso de las públicas –dijo– “optamos por invertir más recursos en las carreras”, en razón a los distintos aspectos que deben mejorar: infraestructura, docentes con posgrado, entre otros.

“Creemos que la Aneaes debe concentrar toda su energía y recursos en aumentar el proceso de acreditación de carreras. Y paralelamente trabajar en el proceso de evaluación institucional”, refirió.

tedioso. Para Kitty Gaona, presidenta de la APUP, las universidades deben estar bien capacitadas para someterse a dicho proceso que es “largo y tedioso”, dijo sobre su experiencia como rectora de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), que formó parte del plan experimental con otras entidades.

“Pienso que hay que darle un tiempo a las universidades, capacitarlas, dar los criterios, prepararse (...). Quizás el año que viene las instituciones podrían estar un poco más preparadas para ese proceso que es buenísimo”, valoró.

El costo de este proceso de acreditación todavía no está definido. Pero se aplicaría un criterio diferenciado por cada institución, ya sea por cantidad de filiales o cantidad de alumnos. De manera extraoficial, se habló de un valor de G. 200.000.000, pero en entidades educativas sin filiales.

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