El documento, llamado “El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia”, analiza los principales obstáculos que ha sufrido la iniciativa de restitución de tierras, entre los que están el accionar de los grupos armados herederos del paramilitarismo.
Reparar y restituir a los desplazados del conflicto armado colombiano a través de la Ley de Víctimas, aprobada en junio de 2011 y que entró en vigor en enero de 2012, es uno de los principales retos que se ha marcado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en su mandato iniciado el 7 de agosto de 2010.
Con esta iniciativa legal, el Gobierno aspira, en diez años, a retornar la tierra a unas 360.000 familias a las que el accionar de los grupos armados y el largo conflicto armado colombiano les obligaron a abandonar en las últimas décadas.
“Arrancamos con unas 43.500 solicitudes, se abrieron unas 8.500 investigaciones y ya se han dictado cerca de 139 sentencias que benefician alrededor de 651 solicitudes”, explicó en rueda de prensa el director de HRW para América Latina, José Miguel Vivanco.
De esas 651 familias beneficiadas, tan solo una ha retornado a su tierra. “Solo una familia ha logrado instalarse en el lugar que ha reclamado como suyo. Ha habido otras familias que lo han visitado, pero por razones de seguridad no pueden instalarse”, afirmó Vivanco.
“La cifra impacta”, agregó el director de la ONG, quien dijo que pese a que la inseguridad es el principal impedimento para el retorno, también hay otros motivos como la falta de caminos o una infraestructura mínima.
En el documento, de 215 páginas, HRW señala que los grupos herederos de los paramilitares que siguen ejerciendo violencia y la falta de justicia en Colombia son los principales obstáculos para la restitución de las tierras despojadas a campesinos.
Human Rights Watch señala a la banda de Los Urabeños, así como en menor medida a “terceros” (ganaderos y empresarios) que adquirieron u ocuparon tierras de personas obligadas a abandonarlas y a las FARC, en este orden, de estar detrás de asesinatos de líderes de restitución de tierras, secuestros, múltiples amenazas y nuevos desplazamientos.
La ONG denuncia también la “falta de justicia” por los delitos cometidos en el pasado y en el presente y advierte que, en la actualidad, “las autoridades judiciales restan seriedad a la naturaleza de las amenazas, no se contactan con las víctimas o se niegan a recibir las denuncias”.
En la rueda de prensa, Vivanco aseguró que la ONG “ha logrado establecer indicios de tolerancia y pasividad en las regiones de Córdoba y el Urabá entre agentes policiales y miembros de las llamadas bandas criminales”.
Por otro lado, Vivanco explicó que Human Rights Watch no pudo entregar el informe a “las autoridades máximas” de Colombia antes de presentarlo a la opinión pública tal y como es habitual en la ONG ya que no se pudo reunir con Santos.
“Esa reunión no se pudo celebrar porque el presidente Santos tiene una agenda muy intensa esta semana, es por eso que conocerán el informe a partir de esta rueda de prensa”, agregó.
Con cerca de cinco millones de personas obligas a abandonar sus casas y parcelas por el conflicto armado, Colombia tiene la población de desplazados internos más grande del mundo y se calcula que unos seis millones de hectáreas han sido usurpadas por grupos armados, sus aliados y terceros.
