El abogado presentó la denuncia en la Unidad de Delitos Económicos. Según la denuncia, en el 2017 se inicia un juicio contra Carlos Eduardo Avilés por obligación de hacer escritura pública y la jueza Irún resuelve la transferencia del 100% de un inmueble luego de la denuncia de Roberto Pereira González.
Estigarribia fue defensor del señor Avilés en el caso, pero este no le habría pagado sus honorarios; entonces, el abogado inició un juicio por cobro de guaraníes, donde la jueza Tania Irún ordena el embargo de un vehículo en un 50% nada más, ya que la otra mitad le correspondía a la esposa de Carlos Eduardo Avilés. Al reclamar el hecho, supuestamente, la magistrada cajoneó el caso, según comentó el abogado a un medio local.
HISTORIAL. La jueza ya cuenta con otra denuncia por prevaricato, ya que habría firmado una resolución en pleno permiso por maternidad, en el que se transferían 300.000 hectáreas de la Asociación Espíritu Santo a cuatro empresas extranjeras.
Supuestamente, la asociación había incumplido en el pago de un crédito de USD 15 millones, hecho que fue negado por su abogado.
