Ayer, mientras se organizaba el acto protocolar de toma de posesión del alto mando militar, a tan solo cien metros se reunían senadores y diputados del Movimiento al Socialismo (MAS). Luego de más de cuatro horas de deliberaciones, el bloque intentó ingresar a la sede del Congreso, pero la policía lo impidió.
La comitiva del MAS estaba liderada por Adriana Salvatierra, quien ocupaba la presidencia de la Cámara de Senadores y que renunció al mismo tiempo que Morales. Tras serle denegado su ingreso a la sede legislativa, hubo gritos a favor y en contra, generando un aumento de las tensiones.
A pocos metros, la policía intentaba controlar las marchas y contramarchas. Si los políticos no se ponían de acuerdo, las manifestaciones mucho menos. Esto preocupa, porque la estabilidad del país sigue en juego. No solo se tratan de completar un mandato de un par de meses, sino que se trata de poner de pie a un país roto, dividido y con gente que por la crisis no tiene que comer.
Mientras todo esto sucede, la ONU evitó calificar de “golpe de Estado” la salida de Morales de la presidencia boliviana y reveló su preocupación por la situación actual. En tanto, la mayoría de los 35 países de la Organización de los Estados Americanos solicitaron nuevas elecciones de forma “urgente” en Bolivia, además de pedir el fin de la violencia y al respeto por el orden constitucional para resolver la crisis actual.
A tres semanas de las elecciones en Bolivia y cuatro días de la renuncia de Morales, los nuevos cambios políticos no calman la crisis, seguida por gran parte de la población a través de los medios de comunicación.
Las tensiones podrían empeorar en los próximos días, a no ser que aparezca una figura de consenso, capaz de llevar el barco hasta las próximas elecciones, una misión difícil, pero no imposible.
