Definida, luego de ser totalmente devastada por la clase política tradicional, como la complicación y lentitud excesiva en la realización de gestiones que dependen de la administración de un Estado, la burocracia se convirtió nuevamente en un obstáculo para la gente más golpeada por la crisis que vive el país a causa de la pandemia del coronavirus.
A un mes y medio de haberse iniciado el distanciamiento social por el Covid-19 y a casi un mes de la promulgación de la Ley de Emergencia Económica, unas 40.000 personas que son cotizantes de la seguridad social y que sufrieron despidos o suspensiones no pueden acceder a la ayuda monetaria por la exagerada dilación de los trámites a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).
La entidad previsional tiene ya en su cuenta los USD 100 millones que prevé la legislación de contingencia para hacer frente a la subvención de G. 1.090.000 desde el miércoles pasado, pero con la excusa de que necesita un nuevo reglamento del decreto reglamentario no desembolsa aún los recursos en momentos en que estas 40.000 personas ya siguen sobreviviendo solamente por la solidaridad ciudadana.
Es inaceptable que se siga especulando con la necesidad por culpa de autoridades incapaces. Es momento de que los actores políticos involucrados se pongan las pilas y ofrezcan soluciones a la población, no más dolores de cabeza.
Pero la burocracia no solo está impactando en los trabajadores, también está liquidando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La imposibilidad de acceder a créditos blandos u otro tipo de mecanismo de asistencia para sobrevivir pone en aprietos a cientos de miles de familias. El Gobierno anunció hace una semana un paquete de apoyo financiero por alrededor de USD 200 millones para la capitalización del Fondo de Garantías de Mipymes (Fogapy) y la constitución del fideicomiso creado por la Ley de Emergencia Económica, sin embargo, nuevamente la burocracia está impidiendo la concreción de estos programas.
Sin salidas que ofrezcan una salud económica sostenible, los esfuerzos por vencer al coronavirus y fortalecer el sistema de salud tarde o temprano se vendrán para abajo.
En un sistema tributario que se sostiene por las contribuciones de los segmentos de ingresos medios y bajos, es fundamental que estos segmentos tengan un oxígeno inmediato, no solo porque en esto se sustenta el funcionamiento del aparato estatal, sino también porque su aporte permite llevar adelante las políticas públicas claves como la educación, la salud y la provisión de los servicios básicos.
Los dirigentes partidarios han sido bastante rápidos y eficientes para movilizar la maquinaria en tiempos de elecciones, y garantizar resultados en las votaciones, de eso no hay dudas. Estos tiempos de hartazgo, reclamos y de una necesidad inatajable de reformas, deben empujar a las autoridades de turno a reflexionar profundamente sobre la capacidad de respuesta que tiene un Estado extremadamente burocrático.
El poder momentáneo debe dejar de ser parte central del esquema de la desigualdad social que impera en el Paraguay y debe aprovecharse para motivar los cambios que requiere una sociedad cada vez más crítica. Es imposible pensar en una calidad de vida como los países del primer mundo, cuando el sistema público ni siquiera está a la altura de aquellos subdesarrollados.
En toda crisis, siempre hay una oportunidad. Las reformas que se necesitan para empezar a caminar para adelante van a llevar su tiempo. Cambiar un esquema creado básicamente para delinquir a costa de la gente puede resultar traumático, pero este caos actual nos ha demostrado que, definitivamente, ya no hay vuelta atrás.