La fiscala Patricia Sánchez denunció que un senador le hizo saber que su cargo estaba en peligro si recurría ante la Corte Suprema de Justicia en el caso del legislador colorado Hernán Rivas. Esto, luego de que la Cámara de Apelaciones sobreseyera definitivamente al parlamentario colorado por el supuesto título falso.
El hecho se dio a conocer ayer por el propio Ministerio Público, que anunció que ya se activó el Protocolo para la Protección y Seguridad de Fiscales, por el amedrentamiento del que fue objeto la agente.
El mensaje llegó a la fiscala Patricia Sánchez, el 30 de marzo, a través de una fuente cuya identidad se mantiene en reserva.
La advertencia venía de un senador nacional –que no se identifica–, quien “hacía referencia a eventuales consecuencias sobre su permanencia en el cargo en caso de interponer un recurso en una causa penal de interés del mencionado legislador (Hernán Rivas)”.
La Fiscalía consideró que esto podría configurar “un acto de amedrentamiento orientado a condicionar el ejercicio de sus facultades procesales”, ya que la fiscala todavía tiene la posibilidad de accionar ante la Corte y pedir que se anule el sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas, ya sea a través de un recurso de casación o con una acción de inconstitucionalidad.
MEDIDAS. Ante estas presuntas amenazas, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, activó los mecanismos del protocolo de los Ministerios Públicos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
A partir de esto, se realizó una evaluación de riesgo, se adoptaron medidas de protección, así como el resguardo institucional pertinente, conforme a los principios de celeridad, confidencialidad, proporcionalidad y coordinación.
Se dispuso también la reserva de actuaciones, atendiendo a la necesidad de preservar la integridad de la agente fiscal en cuestión.
“Estas acciones tienen por finalidad garantizar el ejercicio de la función fiscal con seguridad, independencia y libertad de criterio”, comunicó el Ministerio Público.
SOBRESEÍDO. El Tribunal de Apelaciones revocó el pasado lunes la resolución que envió a juicio oral al senador colorado Hernán Rivas.
Según los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, prescribió el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso (falsificación) de su título como abogado y, por ende, no puede existir el tipo penal de uso de documentos públicos de contenido falso.
Con este análisis, sobreseyeron definitivamente al legislador, señalando que el hecho ya prescribió el 9 de junio de 2023 (hace tres años).
LA ACUSACIÓN. La Fiscalía acusó al senador Hernán Rivas de haber presentado un certificado de estudios y un título otorgado por la Universidad Sudamericana, el 9 de junio de 2020, los cuales supuestamente acreditan que cursó la carrera de Derecho entre el 2010 y el 2015.
Ambas documentos, sin embargo, serían falsos.
Con estas documentaciones, juró como abogado el 7 de julio de 2021 y lo hizo ante la entonces ministra de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica (hoy fallecida).
Siendo diputado, el 3 de julio de 2020, Hernán Rivas fue electo como representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Según sus colegas legisladores, Rivas cumplía el requisito de ser abogado para ejercer esa función.
La Fiscalía dijo que existen pruebas para afirmar lo contrario. “Obtuvimos el listado de alumnos que cursaron en Ciudad del Este y ahí contactamos a unos 30 y dijeron que no lo vieron por la Facultad”, dijeron.
Luego de ganar una banca en el Senado, Rivas nuevamente logró ser electo el representante del Senado ante el JEM, el 6 de julio de 2023.
Para ello, el legislador cartista se valió nuevamente de los supuestos documentos apócrifos que le acreditaban como abogado, cuya matrícula está casada en la Corte Suprema de Justicia.
