Médicos del Mundo explicó en un comunicado que en caso de que esa patente fuera revocada, se abriría la puerta a que el producto que Gilead factura a 41.000 euros en Francia o 44.000 en el Reino Unido -por un tratamiento de 12 semanas- tuviera que competir con versiones genéricas que costarían unos 101 dólares.
Una portavoz de esta ONG francesa señaló a Efe que el Sofosbuvir “es una innovación terapéutica” pero no constituye “una innovación técnica” desde el punto de vista químico, ya que sus diversos componentes y su asimilación habían sido objeto de investigaciones ajenas a las del laboratorio.
“La misma molécula, fruto de trabajos de numerosos investigadores públicos y privados no es suficientemente innovadora para merecer una patente”, argumentó la organización, que considera que Gilead “abusa de su patente para exigir precios insostenibles para los sistemas sanitarios”.
A ese respecto, el director de las operaciones en Francia, Jean-François Corty, hizo hincapié en que “incluso en un país ‘rico’ como Francia con un presupuesto anual para medicamentos de 27.000 millones de euros, hay dificultades para hacer frente” al costo de ese medicamento, lo que implicará excluir del tratamiento a algunos pacientes.
Corty indicó que “la lucha contra las desigualdades sanitarias pasa por la preservación de un sistema sanitario solidario”.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay entre 130 y 150 millones de individuos portadores crónicos de la hepatitis C, entre 7,3 y 8,8 millones de personas infectadas por este virus en la Unión Europea. En Francia, se calcula que son unas 230.000 personas.
Según Médicos del Mundo, el procedimiento abierto ante la Oficina Europea de Patentes podría prolongarse durante “al menos un año y medio o dos”.
Y aunque se consiguiera la revocación del medicamento final, la aparición de alternativas genéricas no sería automática, puesto que Gilead tiene otra serie de patentes asociadas que habría que superar igualmente.
Más allá del caso del Sofosbuvir, la ONG pretende abrir un debate público en Francia y en Europa sobre el mecanismo de fijación de los precios de los medicamentos, y el impacto que tiene en la política sanitaria. EFE
ac/ig
