El próximo martes 27 de noviembre, cuando la Cámara de Diputados trate finalmente el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, entre el sector de los manifestantes que se juntarán en la histórica Plaza de Armas, para respaldar el intento de poner fin al cuestionado imperio del clan Zacarías Irún en el Alto Paraná, estará el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Será así, siempre y cuando el mandatario pueda cumplir con el anuncio que hizo esta semana, parte de unas polémicas declaraciones formuladas a su vuelta de Roma, marcando un nuevo round en la guerra política de baja intensidad que lo enfrenta con su antecesor en la presidencia, Horacio Cartes.
No es muy usual que un presidente de la República salga del Palacio de López y se sume a una manifestación ciudadana en la plaza frente al Congreso. Uno de los pocos casos que recordamos lo protagonizó hace 18 años el entonces presidente Lucho González Macchi y no le resultó una experiencia muy feliz.
Fue en la noche del 26 de marzo de 2000. Se cumplía un año de la masacre del Marzo Paraguayo. Tras la renuncia del presidente Raúl Cubas, González Macchi había asumido el gobierno, pero a un año de gestión ya enfrentaba el gran desencanto ciudadano por los abusos de poder y las denuncias de corrupción.
Aquella noche, Lucho no fue invitado a la marcha del primer aniversario, pero igual llegó en mitad del acto y subió al palco ante el abucheo de la multitud, que casi no le permitió hablar. “¡Esta también es mi plaza!”, reclamó, pero tras ser alcanzado por piedras y objetos lanzados por algunos manifestantes, finalmente optó por retirarse.
El caso actual es diferente. El Municipio de Ciudad del Este, feudo del clan ZI, es también el más importante reducto de poder que le queda al cartismo y no lo entregará sin dar pelea. Probablemente, al igual que en las jornadas del Marzo Paraguayo, el 27 habrá un panorama dividido en la plaza, con gente que se manifestará a favor y en contra.
Para que no haya dudas, el presidente Abdo ha explicado que él está a favor de la intervención (“otro paso más contra la impunidad”), él mismo ha convocado a la gente a la plaza (“va a ser un día de fiesta”) y ha anunciado que personalmente estará allí.
Uno puede sentirse satisfecho de que finalmente desde el Gobierno se corte la protección cómplice a una de las corporaciones políticas corruptas mejor estructuradas del país, pero no puede dejar de advertir que por detrás de las banderas contra la corrupción y la impunidad se despliega una sorda guerra política interna en el gobernante Partido Colorado, que aplica el mismo juego sucio para desplazar a los adversarios y ubicar a nuevos actores en los espacios de poder.
En esa perspectiva deben leerse las recientes designaciones de dirigentes con denuncias de corrupción en altos cargos gubernamentales, como el copamiento político del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura. Está visto que hay cosas que van a resultar difíciles de cambiar, por más que un presidente acuda a manifestarse en la plaza junto al ciudadano común.
