En pleno receso parlamentario, la Cámara de Diputados tuvo una sesión extraordinaria para analizar el proyecto de ley que pretendía transparentar el dinero en la política. El tema, de relevancia, convocó a casi la totalidad de los diputados. La inusual presencia no respondía a un repentino ataque de honestidad parlamentaria.
La masiva participación (más de 70 del total de 80) era justamente para destrozar la ley y así evitar la trazabilidad y el control del dinero sucio en las campañas electorales. Lo lograron con creces.
Los colorados, más disciplinados que nunca (con pocas excepciones) bloquearon el proyecto y gracias a la ayuda siempre leal de los llanistas (3), sellaron la impunidad.
El proyecto pasó al Senado, pero por el discurso de importantes dirigentes colorados y liberales, muchos del Gobierno, está clara la postura de evitar la trazabilidad del financiamiento político.
Lo sucedido en el Congreso no es una casualidad. Es parte de un modelo político que desangra este país hace décadas y que tiene como actor central al Parlamento, sin desconocer la responsabilidad del Poder Ejecutivo en su rol permisivo y falto de coraje para iniciar alguna vez la necesaria reforma del Estado y un Poder Judicial sometido y corrupto.
MUESTRAS. En estos días se debaten ampliamente los beneficios/privilegios de la burocracia estatal.
Aunque es un tema de vieja data que va empeorando con los años, uno nunca termina de sorprenderse por la capacidad que tienen los sindicatos públicos para obtener los exorbitantes sobresueldos disfrazados de bonificaciones, gracias a la complicidad de los presidentes de entes de turno, un Poder Ejecutivo sometido y un Parlamento irresponsable, que solo mira sus intereses político-electorales, sin importarles el resto del país, que se debate en la miseria presupuestaria que resta para invertir en salud, educación y otras políticas públicas.
La nomenclatura de los beneficios de la burocracia pública es amplia e indignante porque exceden los derechos para convertirse en privilegios.
Así uno puede ver que tienen ayuda educacional (el BCP, por ej., paga anualmente G. 12 millones a cada funcionario), presentismo (el más absurdo de todos), ayuda vacacional, bonificaciones por grado, bonificaciones por responsabilidad, gastos de sepelio, peligrosidad (muy entendible para determinados rubros), reintegro de reposos, gratificación especial (muy oportuno para épocas electorales), gratificación por jubilación y otros ítems, según la empresa pública a la que pertenecen.
Estos contratos colectivos de trabajo fueron mejorando en privilegios porque existe una relación de conveniencia con la clase política y está directamente relacionada con el factor electoral.
El Estado clientelar en su más pura expresión creó una nueva clase social, un paraíso donde conviven los políticos y los funcionarios públicos. Ambos saben que no pueden vivir el uno sin el otro, ambos tienen espadas de Damocles: si uno decide debilitar al otro, sabe que le pasará lo mismo. Por ello, en épocas electorales es cuando más se vacían las arcas públicas.
Así tenemos a parlamentarios con privilegios que no tienen los ciudadanos comunes, que en su mayoría sobrevive para cumplir sus obligaciones económico-impositivas. Los legisladores ganan salarios superiores a G. 30 millones, que engordan con bonificaciones, gastos de representación, cupos de combustible (G. 1.500.000 mensual), seguros VIP y como si fuera poco un régimen especial de jubilación: con un ínfimo aporte de 10 años y 55 años de edad, el legislador puede jubilarse, mientras Juan Pueblo debe aportar 30 años para disfrutar del retiro a los 60 años.
Los funcionarios públicos gozan de similares condiciones que los igual con una clase política cada vez más irresponsable, corrupta, inepta y enemiga del pueblo, exprimido por estos dos sectores, a los que se suma con igual inmoralidad una clase empresarial que lucra con la corrupción y la venalidad estatal.
El Poder Judicial, en tanto, observa y se beneficia del caos, sin coraje para poner las cosas en su lugar.
LOS OTROS. Mientras los legisladores, presidentes, jueces, ministros, directores de entes y funcionarios públicos (estimados en 300.000), viven en una burbuja de privilegios, allá abajo, en el país verdadero, en un laberinto con varios subsuelos, conviven con sufrimiento los que sostienen al “ogro filantrópico”, como definió magistralmente el escritor mexicano Octavio Paz al cáncer del estatismo y su insaciable hija la burocracia.
Aquí viven los habitantes que no gozan de la generosidad del Estado, que exprime pero que no retribuye con sus servicios. Empresarios y microempresarios que pagan sus impuestos, trabajadores de clase media que ni pueden ahorrar, los que apenas rozan el sueldo mínimo, los que sobreviven en la informalidad, los miserables.
Son los que sufren la desigualdad, la inequidad, la injusticia. Miles que soportan el pésimo transporte público, que condenan a sus hijos a la ignorancia de las escuelas públicas y mueren en los hospitales hoy derrotados por un mosquito.
Esta inmensa mayoría no existe para esa clase privilegiada que vive en la burbuja llamada Estado, que ha sido secuestrado primero por la dictadura y luego por los prebendarios, los corruptos.
No, el rechazo de los diputados a la trazabilidad del dinero en las campañas no es una anécdota, no es una casualidad. Es parte de un perverso sistema que se perfecciona con el tiempo y que gana fuerzas con cada elección. Se fortalece con los privilegios, los blindajes, la impunidad, la debilidad institucional y una larga lista de infamia.
Es tiempo de hablar claro y asumir que el país está dividido en dos: los privilegiados y los excluidos.
Si no hay conciencia colectiva y no se derrota al ogro, acabará por devorar a todos.
