Marzo de 2014. Oficialmente, los gobiernos de Horacio Cartes y Cristina Fernández inician las conversaciones para la modificación del Anexo C (bases financieras) del Tratado de Yacyretá, puesto que ese documento establece la revisión a los 40 años de su entrada en vigencia. En noviembre de ese año, Paraguay y Argentina suscriben la Nota Reversal 6/14, con el fin de modificar el Anexo A e implementar la cogestión paritaria en la entidad (los dos directores con igualdad de atribuciones).
Es decir, tardaron ocho meses para acordar algo que ni siquiera era necesario, dado que el Tratado de la EBY ya fija la alternancia en el cargo de director ejecutivo (paraguayo y argentino tienen que turnarse el máximo puesto cada cinco años). Que en cuatro décadas nuestro país no haya ejercido su derecho, ya es otro tema.
Pasó mucho tiempo y recién en el 2017, ya con Mauricio Macri en la presidencia argentina, se llega a un acuerdo en las negociaciones por el Anexo C. Como todos saben, la Nota Reversal 2/17 satisfizo a pocas personas. Paraguay pudo haber exigido más y, sobre todo, pudo haber puesto sobre la mesa reivindicaciones más contundentes.
Durante casi cuatro años de conversaciones, las reuniones fueron herméticas y no solo el Poder Ejecutivo recurrió a las puertas cerradas. El propio Congreso Nacional no fue capaz de llevar las discusiones con altura. Las audiencias públicas fueron monólogos, mientras que senadores y diputados no pudieron conformar una comisión bicameral para tratar el delicado asunto. Por supuesto, la sociedad civil tampoco logró un espacio acorde para las discusiones.
Es por ello que la bomba que explotó hace dos semanas en Itaipú es fantástica. El paso en falso que dio el Gobierno de Mario Abdo Benítez para encarar algo, que en teoría era tan sencillo –como es la compra de potencia de la hidroeléctrica–, ha hecho que todo el país ponga sus ojos sobre una cuestión compleja y de vital importancia para el futuro de la economía nacional. Lejos de calmar a la población con la anulación del acta bilateral, lo que ha logrado el jefe de Estado es que ahora la presión ciudadana sea más intensa. Y eso es demasiado bueno. Todos tenemos que participar.
El conflicto técnico entre la ANDE y Eletrobras por la potencia de Itaipú, que arrancó en enero de este año, es apenas una prueba evaluativa y ni se aproxima a la dificultad que representa el examen final: Anexo C del Tratado.
EN EL 2021. Mucho se menciona el 2023 como el inicio de las negociaciones con Brasil, y no está del todo mal, pues el Tratado así lo establece (revisión a los 50 años de entrada en vigencia). No obstante, es importante explicar que la deuda de Itaipú ya se cancela en el 2022. Los directores paraguayos Carlos Mateo Balmelli y James Spalding acordaron con los brasileños adelantar el pago del pasivo para que el compromiso se honre antes.
Como la deuda es la que hoy mantiene la tarifa de Itaipú alta (se destinan USD 2.000 millones de los ingresos por año para abonar el compromiso), quiere decir que antes del 2023 el precio de la energía puede bajar automáticamente. Además, en setiembre de cada año, Itaipú elabora su presupuesto para el próximo ejercicio. Significa que en el 2021 ya podrá establecer la tarifa del 2022. Y la decisión, obviamente, es binacional.
En consecuencia, al Gobierno de Abdo Benítez solo le quedan dos años para idear una estrategia clara y definir lo que quiere lograr en la entidad (ingresos adicionales o energía más barata). Paraguay tiene que hacer su lista de merecidas demandas y debe hacer pública la propuesta. Como vimos en el caso de Yacyretá, el secretismo no jugó a nuestro favor.
Otro aspecto relevante. A tener cuidado con el entorno cercano de los negociadores. En los días pasados confirmamos que los lobos hambrientos pueden estar adentro y merodean cuando creen que tienen una gran presa a disposición. Itaipú debe significar, de una vez por todas, desarrollo para todos los paraguayos y no solo para unos pocos.