Sin previo aviso, de la noche a la mañana, los empresarios propietarios de ocho líneas de transporte público que cumplen sus itinerarios dentro de los límites del municipio de Asunción, decidieron alzar el costo del pasaje de 2.300 a 3.380 guaraníes, lo cual tomó totalmente de sorpresa a los usuarios.
Entre las que protagonizaron este directo asalto al bolsillo de los usuarios se encuentran las líneas 1, 6, 9, 13, 16-2, 37 B y 37-C. Lo llamativo es que el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, en principio se lavó las manos, fingiendo desconocimiento de la situación y alegando que la medida era competencia exclusiva de la Municipalidad de Asunción, cuando existe una ordenanza municipal, la 66/16, que sostiene que el precio debe ser establecido por decreto del Poder Ejecutivo, comprendiendo por igual a la mayoría de los medios de transporte interurbanos.
Tras la protesta generalizada de la ciudadanía, las principales autoridades involucradas, quienes habían fingido ignorancia ante el problema, luego se contradijeron. Tanto el viceministro del Transporte, como el intendente interino de Asunción, César Ojeda, quienes habían alegado desconocer que aumentaría el pasaje, fueron desmentidos por los propios empresarios transportistas, entre ellos el presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, quien aseguró que a ambas autoridades se les había comunicado previamente sobre la situación y que “nadie puede decir que estaba en desconocimiento”.
De este modo, se entendió perfectamente que todo el operativo fue una descarada maniobra ejecutada por empresarios y políticos, probablemente para forzar que las empresas internas que prestan servicios en Asunción sean incluidas también en el sistema de subsidios que otorga el Gobierno a la mayoría de las empresas de transporte del área metropolitana. No hay que olvidar que los transportistas prestan un servicio considerado clave por los partidos políticos en el día de las elecciones, especialmente para el Partido Colorado, que permanece en el Gobierno y que consiste en trasladar a los votantes arreados en dicha jornada para depositar sus votos. Esta situación hace que los empresarios obtengan a cambio privilegios que impiden modernizar el vetusto sistema de transporte que sufren los ciudadanos como un verdadero calvario cotidiano.
Finalmente, ante el escándalo, se decidió dejar sin efecto el arbitrario y unilateral aumento, volviendo el pasaje a G. 2.300, mientras se promete tratar de incluir a los transportistas de Asunción en el esquema de subsidios. Mientras tanto, ¿quién les devuelve a los sufridos usuarios todo el dinero que se les cobró de más?
Lo lamentable es que haya sido nuevamente el ciudadano común el que ha sido tomado como rehén de esta descarada confabulación, que se ha pasado olímpicamente por encima de las normativas legales.
Ha sido una verdadera burla y un asalto al bolsillo de los pasajeros, respondiendo a objetivos políticos y económicos, en vísperas de las próximas elecciones. Una acción que los electores deben tener muy en cuenta a la hora de depositar su voto.
