El documento, impulsado por Lituania, fue adoptado con 9 votos a favor y 6 abstenciones, y varios países, como los tres miembros africanos del Consejo, criticaron duramente que sus posturas no se tuviesen en cuenta.
Nigeria, Chad y Angola decidieron no apoyar el texto, junto a China, Rusia y Venezuela, al no incluirse en él una referencia explícita a la necesidad de frenar la transferencia de armas a “actores no estatales”.
Los países africanos defendieron tras la votación que el suministro de armas ligeras a este tipo de grupos, por ejemplo opositores que buscan derrocar a un Gobierno, lleva al caos y debilita a los Estados y lamentaron que otros miembros del Consejo se negasen a incluir una mención.
Entre los países contrarios estuvieron Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que apoyan a las fuerzas opositoras en conflictos como el sirio y que hicieron lo propio durante la guerra en Libia.
El embajador británico, Matthew Rycroft, defendió que el término de “actores no estatales” no está bien definido y plantea dificultades de aplicación.
Varios países que apoyaron la resolución lamentaron que ésta no lograse la unanimidad y criticaron que otros politizasen el debate sobre las armas ligeras, con referencias al apoyo de países occidentales a grupos opositores en conflictos de otros continentes.
“Lamentablemente, durante la última semana el asunto de las armas pequeñas y ligeras se ha convertido en algo secundario respecto a un debate muy politizado”, señaló el embajador neozelandés, Gerard van Bohemen.
El embajador adjunto de Rusia, Petr Iliichev, explicó que su país propuso incluir una “prohibición de la transferencia a actores no estatales” que finalmente no figura en el texto.
En el documento sí se señala que “el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras puede ayudar al terrorismo y a grupos armados ilegales y facilitar el aumento de los niveles de delincuencia trasnacional organizada” y “complicar la resolución de conflictos”.
Además, la resolución destaca el alto número de vidas que este tipo de armamento se cobra cada año y subraya la necesidad de cumplir con las normas internacionales y reforzar la cooperación para combatir el problema.
El texto también defiende que la propia ONU se involucre más activamente en el asunto y, entre otras cosas, mejore la aplicación de los embargos de armas decretados por el Consejo de Seguridad.
