"¿Cómo se inició esta investigación? Fue porque un abuelito vino y denunció que estaba inscripto en Tributación y dijo: yo nunca me inscribí”, narró el viceministro de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué. A raíz de esta denuncia se llegó a unas 22 empresas fantasmas y 470 empresas que habría usado facturas de contenido falso.
“El abuelito quería cobrar su pensión por adulto mayor y no podía cobrar porque lógicamente estaba inscripto en Tributación. Él dijo: yo no tengo ninguna actividad comercial. Así se inició la investigación y llegamos a la ramificación, donde nos encontramos con empresas proveedoras del Estado, empresas grandes, y que utilizan facturas de contenido falso”, señaló el subsecretario a la Radio Monumental 1080 AM.
Afirmó que gracias a esta investigación se realizó la trazabilidad de las facturas y se descubrió que no solamente el adulto mayor sería víctima en el esquema, sino también muchos otros. “Entonces se inició todo. Vimos un esquema muy grande de personas que están inscriptas irregularmente y las personas no saben”, aclaró.
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Este lunes se inició el operativo Tributación 3.0, que sería el tercero para desarticular esquemas de empresas fantasmas que emiten facturas falsas a empresas que pretenden hacer figurar gastos o compras para evadir impuestos.
El presunto esquema de facturaciones falsas representaría un millonario perjuicio de más de G. 110.000 millones, y este lunes fueron ejecutados por la Fiscalía ocho allanamientos en simultáneo.
Los procedimientos se realizaron en empresas privadas en Asunción, Luque, San Antonio, y casas de personas particulares. En el marco del caso, las empresas contables allanadas funcionaban efectivamente.
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El fiscal del caso, Francisco Cabrera, mencionó que la denuncia recibida por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) —quien detectó en una investigación propia a 22 presuntos proveedores de facturas falsas y que habrían sido utilizadas por otras 470 empresas aproximadamente, y cuyo contenido sería falso— habría causado un perjuicio total de aproximadamente G. 110.000 millones.
El representante del Ministerio Público refirió asimismo que resta determinar si las facturas son efectivamente clonadas o facturas falsas, y si las empresas que presentaron estas facturas se encontraban en conocimiento de esta situación o fueron engañadas.
