“Vamos a pedir a la Corte que, de una vez por todas, se resuelva la cuestión de fondo en esta problemática, que viene ya de años, y que se vayan desestimando los subsiguientes pedidos contra normativas de control para los importados”, explicó a ÚH el titular de la UIP, Enrique Duarte.
Insistió en que no corresponden las solicitudes de la empresa La Businness Sociedad Anónima, de la que la propia Cámara Importadora de Perfumes y Cosméticos había denunciado que lleva años importando productos, valiéndose de recursos provisorios emitidos por la Corte.
atentatoria. El presidente del gremio empresarial consideró que la situación presentada atenta contra la salud y se le puede considerar temeraria, porque abre las puertas para que se sigan solicitando medidas como las plasmadas. “En varias ocasiones, la legislación brinda espacio para que se pueda llevar adelante este tipo de medidas, sobre todo por parte de empresas extranjeras que vienen a generar este tipo de problemas legales en el país”, según argumentó.
“Lo legal es un aspecto, pero del interés general; el problema de salud es otro, tenemos que pensar un poco en nuestros niños, en nuestra población, sobre todo, saber la debilidad que tenemos institucionalmente, ya que esos productos terminan entrando al mercado”, señaló el presidente de la UIP.
Recordemos que la empresa citada lleva años importando perfumes y cosméticos valiéndose de medidas cautelares similares a la expedida por la Sala Constitucional, el pasado 13 de febrero.
La resolución de la Corte hace lugar al pedido de suspensión de los efectos del artículo 187 de la Ley 836/20 Código Sanitario; así como los articulados 4 y 5 del Decreto 1635/1999, que habla sobre las facultades del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), para otorgar registros sanitarios y percibir el arancel.
Desde Dinavisa también se expidieron sus autoridades, indicando que “las medidas cautelares dictadas en este contexto por la Sala Constitucional de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones legales, desde el punto de vista de Dinavisa como autoridad nacional regulatoria, implican un riesgo potencial para la salud de la población”.
