La aprobación de la nueva directiva, que ya fue objeto de un acuerdo entre las instituciones comunitarias el pasado marzo, se formalizó este lunes en un Consejo de ministros de Justicia.
Propuesta por la Comisión Europea después de escándalos como los de los Papeles de Panamá o Cambridge Analytica, la legislación se aplicará, entre otros ámbitos, en la lucha contra el blanqueo de capitales, la contratación pública, la seguridad alimentaria o nuclear, la salud pública o la protección de datos.
El secretario de Estado de Justicia español, Manuel Jesús Dolz, explicó hoy a EFE que se trata de establecer “un marco europeo” que después los Estados miembros deberán adaptar a sus legislaciones nacionales.
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“En España ya estamos trabajando para otorgar una mayor protección al denunciante en general, y en especial en este tipo de delitos, porque se ha demostrado que los que se atreven a dar ese primer paso de denunciar las prácticas corruptas en su empresa o a nivel de organismos públicos o de administraciones sufren un auténtico calvario posterior”, dijo Dolz.
Con ello se evitarán las “represalias”, señaló.
En la actualidad, la protección de los denunciantes de infracciones en la UE es desigual y en general se aplica únicamente a determinados sectores o categorías de empleados.
Entre otros elementos, la normativa europea establecerá cauces de denuncia seguros dentro de las propias organizaciones y en la comunicación con las autoridades públicas.
Las empresas públicas y privadas con más de 50 empleados deberán crear un procedimiento interno para gestionar las denuncias dentro de las mismas y mantener la confidencialidad de los delatores.
Las normas también se aplicarán a las administraciones nacionales, que establecerán canales de notificación externos e independientes.
Los denunciantes elegirán si deciden recurrir a los cauces internos o externos.
La directiva contempla la posibilidad de revelar la información públicamente, en los medios de comunicación, por ejemplo, si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables.
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Además, las normas protegerán a los denunciantes frente al despido, la degradación y otras formas de represalia y exigirán a las autoridades nacionales informar a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia de infracciones y la protección a la que pueden acogerse.
Los denunciantes también estarán protegidos en los procedimientos judiciales.
La directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el “Diario Oficial” de la UE y los Estados miembros tendrán dos años para adaptarla a sus ordenamientos jurídicos.
