“Este es un debate que va en aumento. Estamos considerando cada vez más el hecho de que Ucrania debe resistir desde territorio ruso a los ataques que se lanzan contra su territorio”, afirmó Borrell en la rueda de prensa posterior a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebraron hoy en Bruselas, y en la que conectaron con Kuleba por videoconferencia.
En este sentido, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores recordó que algunos Estados miembros ya han levantado las restricciones para que Ucrania pueda usar las armas que le entregan contra territorio ruso.
DEFENSA ANTIAÉREA... Kuleba, además, insistió en que los países de la UE que tienen Patriots le entreguen este tipo de defensas antiaéreas.
“No se trata de señalar a nadie, pero una vez más, apremio a los países que tienen Patriots a que aceleren las decisiones y suministren estos sistemas a Ucrania”, dijo el ministro ucraniano.
“Se necesitan ahora, no mañana. Desgraciadamente, las meras palabras de solidaridad no interceptan misiles rusos”, continuó.
Borrell pidió a Hungría, el principal aliado de Rusia en Bruselas, que levante su veto a que la UE siga financiando el envío de armas a Ucrania.
Entre ellos, la posibilidad de utilizar los 5.000 millones destinados específicamente a Ucrania que los líderes europeos aprobaron dentro del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), que los Veintisiete han utilizado desde el inicio de la invasión para cofinanciar el envío de armas a Kiev.
Borrell, además, pidió a Budapest que no bloquee la posibilidad de utilizar el 90% de los beneficios extraordinarios que generan los activos inmovilizados rusos para armar a Ucrania.
Sanciones. Mientras tanto, la UE aprobó nuevas sanciones contra Rusia por su guerra contra Ucrania.
En concreto, sancionó a una veintena de jueces, fiscales y miembros de la judicatura rusa que jugaron “un papel fundamental” en el encarcelamiento y la posterior muerte del opositor Alexéi Navalni, así como en la condena contra el Nobel de la Paz de 2022, Oleg Orlov.
La UE adoptó las medidas en un nuevo régimen de sanciones que aprobó para castigar a individuos y entidades rusas que violen los derechos humanos, al margen del que ya existe para sancionar este tipo de acciones en cualquier otra parte del mundo.
